Los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre desde 1998 ascienden a 30.000 propiedades. Así lo afirman los datos que el Colegio de Registradores entregó hace un año al ejecutivo de Pedro Sánchez.

Dicha lista permanece desde entonces oculta, por su parte el Gobierno asegura que el informe sobre los bienes propiedad de la Iglesia Católica sigue “en elaboración” y que por ello aún no se ha  remitido al Congreso, ya que se están limando posibles errores y finiquitando el informe jurídico que indicará las “posibles actuaciones” que se podrían tomar en consecuencia.

La publicación de dicha lista significaba poder iniciar el proceso de impugnación, aprobado por el ejecutivo hace un año, en caso de que se demuestre que la Iglesia inscribió a su favor  “bienes de dominio público”. Por lo tanto la lista dejaría la posibilidad a los afectados, ayuntamientos en su mayoría pero también particulares, de recurrir la titularidad de los inmuebles. 

Según informa El País, que ha tenido acceso a la lista de las propiedades, dicha lista contiene todo tipo de inmuebles, desde infraestructuras con fines litúrgicos (catedrales, iglesias, ermitas…) hasta a casas parroquiales o de maestro, plazas, fuentes, frontones y todo tipo de parcelas. 

Esta propuesta legislativa la presentó el PSOE desde la oposición y se aprobó en abril de 2017 con la contra de PP y Ciudadanos. La proposición instaba al ex ejecutivo de Mariano Rajoy a publicar un listado de todos los bienes inmatriculados desde 1998.

Ese Ejecutivo no publicó tal lista, pero sí hizo el encargo al Colegio de Registradores e insistió en varias ocasiones a dicho colegio para que cumpliese el encargo. Aun así, según afirma El País, gracias a sus preguntas al director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, este asegura que la versión definitiva del listado se envió a finales de agosto de 2018. Lo que abre la duda de por qué no se ha hecho pública aún, a principios de agosto del 2019.

Esta lista y las posibles actuaciones legales en consecuencia resulta cuanto menos polémica, principalmente porque se acusa a la institución eclesiástica de haberse apropiado de la titularidad de bienes públicos gracias a una ley de la época franquista, la Ley Hipotecaria de 1946, que permitió a la Iglesia inscribir cualquier bien, excepto los templos destinados al culto, sin documentación, bastaba con la firma de un obispo, que actuaba como notario. Esto desencadenó que durante los años ochenta se inscribieron  numerosas propiedades, incluyendo iglesias, y más tarde, en 1998, el PP de Aznar permitió que también se inscribieran los templos, legalizando tal práctica. Este privilegio de la Iglesia duró hasta 2015 y protagonizó varios escándalos como la inmatriculación de la mezquita-catedral de Córdoba por 30 euros.