La Guardia Civil tardó 25 años en reunir los indicios suficientes para imputar al coronel Francisco García Santaella por un delito de narcotráfico. Ahora, un tribunal lo absuelve porque el delito había prescrito cuando se abrió la primera investigación judicial contra él. La primera investigación interna a Santaella fue en 1990, la llamada operación Alcapone, pero no llegó a ser juzgado al no encontrar vínculos entre el aumento del patrimonio del coronel y el tráfico de drogas.

En 2015, fue revelado por los medios que el entonces subdirector de personal de la Guardia Civil estaba imputado en una causa secreta de un juzgado de Granada. Eso provocó la inmediata destitución del coronel, tras haber sido condecorado con la Cruz de Plata al Mérito dos meses antes. Aun así, tras el cese siguió ocupando un pabellón oficial hasta su procedimiento en 2017.

Pese a la absolución, la sentencia considera acreditado que Santaella participó en el desembarco de tres grandes alijos de hachís en 2006. Tanto la Fiscalía como la Asociación Unificada de Guardias Civiles discrepan de la prescripción y recurrirán la sentencia.

Pero los jueces no podrían haber absuelto a Santaella si otro informe, del Servicio de Asuntos Internos, hubiera acabado en el juzgado en lugar de en una caja fuerte de la Dirección General de la Guardia Civil, con el argumento de que no se encontraron indicios suficientes. En ese informe se enumeran las adquisiciones del coronel y los contactos mantenidos con personas vinculadas al tráfico de droga.

En el informe definitivo del SAI de la investigación a nivel interno abierta en 2006, los agentes escribían que no se puede concluir que Santaella se enriqueciera con el tráfico de drogas mientras estuvo destinado como Jefe de Policía Judicial e Información en Granada. Eso sí, se encontraron indicios de una manipulación irregular de las fuentes vivas que aportaban información sobre el tráfico de hachís.

En 2014, al escuchar la Guardia Civil una conversación entre dos presuntos traficantes a los que investigan con autorización judicial y detenerlos, revelaron la identidad de García Santaella como “Padre”, el seudónimo que usaba para los temas de tráfico de drogas. Habían pasado 25 años del informe elaborado por el SIGC en la operación Al Capone.

Entonces, la jueza del caso comenzó a recelar de la actuación de la Guardia Civil, y reclamó la documentación de esas pesquisas e incorporó al sumario el informe de Asuntos Internos. Una vez analizado cito como imputado por encubrimiento al jefe de Asuntos Internos durante la época de la investigación, Francisco Clavero Ortiz. El informe del SAI nunca había sido puesto a disposición judicial en su momento, y en el caso de que lo hubiera sido se podría haber abierto una causa sin plazos de prescripción. La citación de Ortiz Clavero y su declaración no convencieron a la magistrada, pero la jueza archivó la causa por prescripción del presunto encubrimiento.

La sentencia relata como el mando de la Guardia Civil organizó junto a los dos traficantes la entrada de tres alijos de hachís de 2000 kilos por la costa, a donde fueron trasladados en lanchas neumáticas. El plan consistía en convencer a sus subordinados de que dejaran entrar uno de los alijos para que fuera conducido a un escondite bajo seguimiento y, así, detener a más miembros de la organización. Después, dio tarde la orden de actuar y no hubo detenidos en la costa ni se produjeron incautaciones. Y cuando dos meses después, los agentes a sus órdenes le apremiaron con entrar al escondite, encontraron casi 4000 kilos de hachís apaleado.

La sentencia considera que el delito ha prescrito porque no se puede aplicar el tipo superagravado que ampliaría diez años el plazo, y es que a pesar de que esté establecido en 2000 kilos la cantidad aprehendida para aplicar este tipo, no se contabiliza como tráfico de drogas porque estaban destinadas a la incautación por la Guardia Civil. Por otro lado, para ser el tipo superagravado la descarga debe realizarse desde un buque.

También considera la sentencia que no se ha demostrado que Santaella cobrará de los narcotraficantes por dejar pasar los alijos, pese a que constan siete declaraciones, entre policiales y judiciales, que cifraron en 120.000 euros por cada alijo.