tragedia
Estado del Alvia 04145 tras el accidente, el 24 de julio de 2013. EFE

La empresa pública de infraestructuras ferroviarias Adif siempre presumió de que toda su línea de alta velocidad contaba con un sistema de frenado automático que, si así fuera, hubiera evitado la tragedia en la cual descarriló un tren a las puertas de Santiago el 24 de julio de 2013. Esta catástrofe dejó 80 muertos y más de 140 heridos. No fue la única mentira por parte del Gobierno de turno a la que se tuvieron que enfrentar las víctimas.

Después de cinco años, este martes, el portavoz de las víctimas de aquella tragedia, Jesús Domínguez, desveló las mentiras y decisiones políticas que rebajaron la seguridad de la curva donde ocurrieron los hechos. Acusó al Estado de trabajar para ocultar las responsabilidades de los culpables y contaminar a la opinión pública, quienes culparon al maquinista alegando que se despistó y no frenó a tiempo.

La comisión de investigación de esta desgracia se ha abierto por fin en las Cortes tras muchos intentos frustrados con los votos de PP y PSOE, los dos partidos implicados en el diseño y gestión de la línea ferroviaria en la que ocurrió el accidente. En dicha intervención, se ha señalado a tres ministros, José Blanco (PSOE), Ana Pastor (PP) y Rafael Catalá (PP) como los responsables directos por sus decisiones políticas, claves para que ocurriese la tragedia.

El citado exministro del PSOE dirigía el Ministerio de Fomento, el cual cambió el proyecto de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Suprimió el sistema de frenado automático ERTMS en los ocho kilómetros de vía que daban entrada a la capital gallega, el tramo más peligroso por las curvas.

Los populares regían el ministerio de Estado de Transportes y decidieron desconectar este dispositivo también dentro del tren para evitar los retrasos que provocaban los problemas técnicos.

Todos hicieron caso omiso a la alerta del jefe gallego de maquinistas sobre la peligrosidad del tramo donde el tren se salió de la vía. Justo en ese punto de la vía, se negaron hasta en cuatro ocasiones y no realizaron el análisis de riesgos al que obligaba la normativa. El portavoz de la asociación de víctimas recalcó: “Nuestra seguridad dependía de que el maquinista se acordara de frenar”. Recordemos que la línea costó cerca de tres mil millones de euros.

El mismo día del siniestro, el Gobierno emprendió, según las víctimas, “una cacería contra el maquinista”. El objetivo: tapar las responsabilidades reales y proteger los intereses económicos de las constructoras, que se valían del prestigio de la alta velocidad ferroviaria para acceder a contratos millonarios.

Para acusar al trabajador, el gobierno de Rajoy filtró a las pocas horas del accidente un audio en el que reconocía su error humano de no haber frenado lo suficientemente a tiempo, pero el audio estaba incompleto, proseguía y el mismo trabajador desvelaba que el peligro de la curva ya había sido denunciado: “Esto ya lo había avisado a los de Seguridad, somos humanos, un día iba a pasar”.

Por el contrario, hubo un pacto para salvaguardar a todos los que formaban parte de la trama. No en vano, los cargos implicados en la gestión de la línea nunca fueron destituidos, sino premiados con ascensos, entre ellos Catalá, que acabó siendo ministro de Justicia.

La causa fue paralizada no solo con los votos en contra de los partidos responsables, sino con cambios en el juicio, como un cambio de juez cuando el sumario acumulaba 20.000 folios. Además, las víctimas acusaban a la fiscalía de no querer investigar y la Xunta de Alberto Núñez Feijóo eligió a peritos sin experiencia pertenecientes al Estado, cuyos dictámenes discrepaban del único perito independiente y los técnicos de la Comisión Europea.

En estos cinco años, los familiares de fallecidos y supervivientes de la tragedia han visto cómo los cargos públicos que debían declarar se negaban a hablar. Fomento tardó cuatro años en entregar la documentación de relevancia. Tuvo que ser la Comisión Europea la que desmontó la verdad oficial que los responsables del ministerio quisieron imponer.

Todo esto solo se puede explicar, según la asociación de víctimas, de una manera: “Había intereses comerciales y con un accidente no puedes concursar”. El representante de dicha asociación recordó también que Catalá y Feijóo llegaron a “sugerir que había intereses económicos para desacreditar la alta velocidad española”.

Tapar responsabilidades y proteger los intereses económicos de las constructoras y los intereses comerciales de las empresas implicadas: el verdadero objetivo de la campaña del Gobierno.

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