El Partido Popular encargó a la DAO (Dirección Adjunta Operativa de la Policía) conseguir unos documentos con información valiosa que Bárcenas se había llevado de su despacho de Génova y podían comprometer a altos cargos del partido.

En aquella época, Luis Bárcenas había sido despedido por Cospedal de su cargo de tesorero del PP y se encontraba en prisión, tras salir a la luz el Caso Gürtel. Para hacerse con los documentos, la UAI (Unidad de Asuntos Internos integrada en la DAO, al mando de la cual se encontraban los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño) sobornó a Sergio Ríos Esgueva, chófer de Bárcenas y su esposa.

La misión del chófer fue averiguar la localización de los informes y grabaciones, al parecer en un domicilio de un taller donde trabajaba Rosalía Iglesias (mujer de Bárcenas). Estos documentos contenían información comprometedora sobre María Dolores de Cospedal, Soraya Sáez de Santamaría y Javier Arenas, lo que suponía una amenaza para el Gobierno.

A cambio de su actuación como topo, Sergio Ríos Esgueva fue recompensado con 2.000 euros mensuales durante dos años, que procedían de los fondos reservados del Ministerio de Interior. Además, se está investigando su entrada en la Policía Nacional con 48 años y los privilegios de los que gozó en el Cuerpo.

El caso se ha descubierto a partir de unos papeles encontrados en casa de Villarejo tras su detención en 2017. En ellos había facturas y recibís de los en total 48.000 euros pagados al chófer.

El objetivo de conseguir estas pruebas era evitar cualquier intento de chantaje que Bárcenas pudiera intentar con Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno. Además de retirarlas del alcance judicial para seguir camuflando la, ya ordinaria, corrupción del partido.