El plus que reciben casi 20 altos cargos del Gobierno autonómico de Baleares por tener, en teoría, su vivienda habitual fuera de Mallorca va a ser investigado por la Oficina Anticorrupción.

Los receptores, cargos del pacto de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca), reciben hasta 22.000 euros al año, es decir, 1.800 al mes. La investigación de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Parlamento balear, se ha abierto debido a la incertidumbre en cuanto a la legitimidad de estos sobresueldos y a su correcto pago. Por ello se ha reclamado a los receptores de estos pluses, la mayoría de ellos de Podemos, que documenten su empadronamiento a principios de 2019.

Recientemente en el Parlament se debatió una propuesta para suprimir estos sobresueldos, sin embargo, no fue aprobada. El objetivo de Anticorrupción es averiguar si existe un fraude y si el sobresueldo está encubriendo una bonificación no permitida o que se haya estado abonando de forma irregular.

Hasta el momento, la oficina ha recopilado los documentos de Función Pública y ha solicitado datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Una vez se haya concluido la indagación, previsiblemente en las próximas semanas, se publicará un informe, el cual se desconoce si será puesto en manos de la justicia.

Cabe señalar que, en cuanto a los beneficiarios de este plus, ostentaban cargos en la Península antes de los malos resultados de las últimas elecciones y fueron fichados por el Govern. Entre ellos podemos mencionar a Juan Pedro Yllanes, consejero de Transición energética, y Mae de la Concha, consejera de Agricultura.

Estos completaron su organigrama con políticos como Paula Valero, Fernando Fernández Such, Félix Alonso Cantorné, Aitor Urresti o Diana María Alonso, quiénes ostentaban cargos en el Congreso de los Diputados, en el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) o en el Parlamento Europeo, respectivamente.