El primer informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) constata que más de la mitad de los contratos públicos en España (52’9%) no justifican el precio de salida estipulado por la administración. Denuncia también que las irregularidades se extienden al 47% de la contratación menor.

El informe presentado por Oriescon, de más de 400 páginas, señala las irregularidades en las que las Administraciones públicas incurren cuando contratan a terceros, en base sobre todo a 17 informes del Tribunal de Cuentas y otros organismos autonómicos.

Entre las más comunes, está la de no justificar el procedimiento de adjudicación utilizado, lo que ocurre en el 58’8% de las licitaciones.

Generalmente sucede cuando se usa el procedimiento negociado sin publicidad (es decir, cuando no se invierten recursos en darlo a conocer de manera pública), pero también en los casos en los que la Administración recurre a la tramitación urgente o de emergencia sin que se justifiquen los requisitos necesarios para hacerlo.

Lo mismo sucede con la denominada como contratación menor, detectándose irregularidades en la mitad de los contratos cerrados en 2018. Contrato menor es aquel cuya cantidad máxima alcanza los 15.000 euros para un año. Se adjudica directamente entre tres presupuestos que el organismo público haya recabado, por lo que carece de un procedimiento de licitación al uso.

Según el documento, las Administraciones recurren reiteradamente al fraccionamiento de contratos para un mismo servicio. Habitualmente, la duración supera la prevista legalmente y en muchos casos la facturación excede los importes preestablecidos.

Del mismo modo, se ha detectado que se incumple sistemáticamente la obligación legal de solicitar tres ofertas para el contrato menor. El abuso de este tipo de contratación reduce la tensión competitiva y facilita que la Administración de turno entregue el encargo a una empresa de su interés, lo cual facilita prácticas cercanas a la corrupción y la prevaricación.

Por último, la oficina de contratación denuncia que no se documenta individualmente cada uno de los contratos, imposibilitando el examinar en profundidad su legalidad. Un método de control propuesto por la Unión Europea es la digitalización de estos documentos. Sin embargo, a pesar de que ya se exige que el 100% de la licitación se haga de forma electrónica, solo el 7% lo está.

La falta de una base de datos única impide que la oficina independiente pueda sacar conclusiones más definidas sobre la contratación pública, un área que según Hacienda equivale al 13% del PIB.