El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral a 88 personas, todos ellos cargos públicos, por el “Caso Madeja”, en el que se acusan sobornos a cambio de contratos públicos, y donde el juez atribuye a Izquierda Unida y PSOE “la condición de partícipes a título lucrativo”, en la parte de la investigación que afecta al ayuntamiento de Sevilla.

Esta operación anticorrupción, que comenzó en 2013 dirigida por la juez Mercedes Alaya, investiga supuestas comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos públicos, y que habían afectado a comunidades autonómicas como Aragón, Valencia, Madrid, Cataluña o Canarias entre otras, y a ayuntamientos de Sevilla, Algeciras o la Carolina (Jaén).

La estafa se basaría en el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos para la obtención de contratos de manera irregular, y según la investigación, esta actuación se prolongó durante más de 15 años.

Como decíamos más arriba, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, además de imputar a 88 personas, atribuye a IU y PSOE la condición de partícipes a título lucrativo, en la que respecta al ayuntamiento de Sevilla.

En ella, se les acusa de haberse beneficiado “de la conducta delictiva amañada por los investigados” en las cantidades de 159.839 euros al Partido Socialista y de 155.000 la coalición de izquierdas.

En el caso de Izquierda Unida, el auto detalla que de los 155.000 euros de los que resultó beneficiado, 70.000 se le entregaron a un miembro de la coalición en una caja de zapatos a cambio de numerosas adjudicaciones, como 11 contratos para poner césped artificial en campos de fútbol de la capital hispalense.

Contrastan estos casos con los reproches habituales de PSOE e IU hacia el Partido Popular en lo referente a corrupción, pero desvela claramente la estrategia de ambos: esgrimir la etiqueta “izquierda” mientras utilizan el dinero de los trabajadores para sacar comisión enriqueciendo a empresarios.