El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso de los Comités de Defensa de la República en prisión por terrorismo sospecha que desde el Ministerio de Interior se filtraron los datos confidenciales de la investigación que relacionaban a este grupo con la hermana de Carles Puigdemont y Quim Torra.

Fueron revelados los datos de los autos de ingreso en prisión, cuando habían sido entregados a las defensas sin datos sensibles de la operación que iba más allá y apuntaba a Torra y Puigdemont.

La Fiscalía ha pedido remitir a los juzgados madrileños la petición, formulada por las defensas de los 7 CDR en prisión, de investigar esta filtración masiva de secretos y contra la administración pública. El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, explica que tendría que abrirse la investigación por el supuesto delito de revelación de secretos.

Las defensas apuntan como responsables a la Guardia Civil y a la Fiscalía, puesto que el ministerio público es el único que tuvo acceso a la totalidad del auto de prisión publicado en varios medios de comunicación.

A pesar de que los letrados aseguran que se publicó el auto del juez en su totalidad, pese a que a las defensas se les notificó con un fragmento eliminado, en el juzgado central de instrucción 6 existe la seguridad de que la filtración pudo partir del Ministerio del Interior. Esto se habría realizado con la intención de neutralizar la reacción social por las detenciones y en vísperas de darse a conocer la sentencia del Supremo sobre los 12 dirigentes del procés.

Han sido diversas las filtraciones en esta causa. Comenzando por la filtración de la bronca del ministro Fernando Grande-Marlaska a la cúpula de la Guardia Civil, al enterarse de que los CDR presuntamente habían estado haciendo pruebas con explosivos. Posteriormente, se filtraron los autos completos a algunos medios, cuando había un fragmento suprimido ya que se trata de una investigación secreta.

Aunque la petición de las defensas fue la apertura de una pieza separada para investigar los hechos, Carballo la rechazó. Aun así, fuentes jurídicas han señalado que con toda probabilidad el juez acordará remitir esta denuncia a los juzgados de la Plaza Castilla. También exigían las defensas que el juez obligase a los medios a retirar los enlaces a las informaciones que debían permanecer secretas, por afectar a la intimidad y seguridad de los investigados al incluir datos personales y familiares.