Carmen Lamela Terrorismo
Fuente: El Confidencial

Tres causas distintas, las tres con sujetos políticos ajenos a la corriente ideológica dominante sentados en el banquillo. En los tres la jueza Carmen Lamela ha visto delitos terroristas en los acusados. En los tres la Audiencia Nacional ha contradicho la versión de la magistrada.

En mayo de 2017, en Pamplona, los disturbios sucedidos tras una manifestación fueron calificados por la instructora del caso, Lamela, de terrorismo. En base a la etiqueta, la Fiscalía solicitó a los acusados siete años de prisión. Posteriormente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corta tajantemente con la versión de Lamela y condena a los cuatro acusados a dos años de prisión por desórdenes públicos.

Dos años antes, el 5 de noviembre de 2015, la policía detenía a Nahuel por “liderar un grupo terrorista”, Straight Edge. Junto a él detenían a cinco personas más y son acusadas por Lamela de organización criminal con fines terroristas. Sin juicio ni pruebas concluyentes, Nahuel pasa 16 meses de prisión y es trasladado hasta a cinco centros penitenciarios distintos. Al llegar a la Audiencia Nacional, la Fiscalía desbarata una vez más la acusación de la magistrada e imputa a los jóvenes por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El motivo: mensajes de twitter como por ejemplo “Goku vive, la lucha sigue”.

A mediados de octubre de 2016, tras una trifulca en un bar de Alsasua en la que se vieron involucrados dos guardias civiles, fuera de servicio, Lamela imputa a nueve jóvenes menores de 25 años un supuesto delito de terrorismo, lesiones, atentado y odio. Siete de ellos entraron en prisión preventiva. En el juicio, una vez más, se descarta el terrorismo y los jóvenes son condenados a entre dos y trece años por delitos de atentado, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Estas situaciones se producen en un contexto donde la ambigüedad y falta de concreción del concepto terrorismo es patente en el Código Penal desde 2015, tras la reforma del mismo pactada por PP y PSOE.  Esta reforma elimina la condición de que haya una estructura o medios (como explosivos) para “aterrorizar a la ciudadanía”.

Queda así abierto un enorme margen a la interpretación de los jueces que puede ser fácilmente instrumentalizado políticamente, siendo así que además de la jueza Lamela, otros jueces han calificado de terrorismo, irregularmente, causas similares como las relativas a las operaciones ‘Pandora’, ‘Piñata’ o ‘Valle’.