Este martes 25 de septiembre ha tenido lugar en la provincia de Castellón un crimen consistente en el asesinato de dos menores de tres y seis años de edad a manos de su progenitor. El ejecutor se suicidó una vez perpetrado el crimen. Con anterioridad a los hechos existían dos causas abiertas en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por malos tratos y amenazas a su expareja, causas que fueron sobreseídas a petición del fiscal y de la propia víctima.

Vemos cómo una vez más las instituciones que dicen prestar servicio a las víctimas de maltrato fracasan estrepitosamente en su función, llevando a tragedias como la presente. Una diligencia policial encargada de valorar el riesgo potencial que suponía el exmarido tanto para su pareja como para sus hijas determinó que se trataba de un “riesgo bajo” y, por tanto, se decidió no interponer medidas preventivas.

Al haber fallecido el autor del crimen, se extingue cualquier posibilidad de responsabilidad penal. Según constatan diversas fuentes judiciales, no existían antecedentes penales ni constaban episodios previos de violencia doméstica, aunque algunos vecinos aseguran que sí se había dado maltrato psicológico contra la mujer.

A pesar de todos los indicios existentes y las causas abiertas contra el exmarido, ninguno de los organismos dispuestos para intervenir en este tipo de casos encontró motivo alguno de alerta, lo cual indica que nos hallamos bastante lejos de atajar de raíz el enorme problema de la violencia machista que asola nuestro país.

La primera de las denuncias interpuestas por la ex pareja del asesino tuvo lugar en enero del pasado año, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castellón abrió un procedimiento tras recibir un parte médico. Al faltar el testimonio de la víctima, quien por causas desconocidas se negó a declarar, se solicitó el sobreseimiento de la causa. Al mes siguiente, en febrero, la mujer denunció a su exmarido por amenazas, caso que fue igualmente archivado.

A la mujer le había sido denegada la orden de alejamiento que había solicitado, quien mostró su disconformidad con las medidas provisionales que habían sido fijadas y trató de recurrir la decisión del Juzgado. Sin embargo, debido a la ineficacia del proceso judicial y a los numerosos trámites existentes, terminó abandonando el proceso.

Las diversas instituciones implicadas en el caso no supieron, o no quisieron, ver las constantes señales de peligro. Por tanto, no se adoptaron ningún tipo de medidas cautelares, quedando absolutamente desprotegidas tanto la expareja del perpetrador del crimen como sus dos hijas, víctimas de un terrible crimen.