Luis Serrano y María Blasco, directores de dos de los centros de investigación más competitivos del país, denuncian en nombre de la comunidad científica que la situación de parálisis  de la investigación científica en España sigue casi igual, después de ocho meses de la puesta en marcha de las  medidas urgentes del gobierno para su reactivación.

Dichas medidas de acción urgente, que tenían como objetivo sacar a la ciencia española de la parálisis en la que se encuentra, fueron aprobadas por el Parlamento en marzo con el apoyo de todos los grupos políticos. Luis Serrano, bioquímico y presidente de Somma (asociación que agrupa a 25 centros de investigación y 23 unidades universitarias con financiación adicional del gobierno) explica que, sin embargo, desde entonces, no se ha realizado ni un solo contrato indefinido con cargo a ningún proyecto: “Después de todos estos meses, la situación no ha avanzado porque las medidas urgentes no han solucionado todos los problemas de la ciencia”.

María Blasco, vicepresidenta de Somma y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha denunciado la situación, afirmando que: “Sencillamente no podemos implementar este tipo de contrato. Nos lo ha dicho hasta un abogado del Estado”.

Pedro Duque, a la cabeza del Ministerio de Ciencia, ha defendido sus medidas y justifica que solo hace falta más tiempo para empezar su aplicación. El pasado febrero anunciaba las citadas medidas para “levantar las cadenas” que frenaban a los laboratorio del país, haciendo referencia a las trabas burocráticas y de gestión financiera herederas de las medidas de Rajoy por el control del gasto público.

Desde Somma explican que la modalidad de contrato indefinido con cargo a un proyecto  presentada por el Gobierno en febrero no tiene respaldo legal,  no existe en el régimen de la Seguridad Social y no está claro tampoco si estos estarían sujetos a los límites de contratación que cada año se fijan desde el Gobierno en función de los presupuestos disponibles:  “Otro problema es que si hacemos un contrato indefinido a cargo de un proyecto que dura cuatro años, al final de ese tiempo, cuando lo prescindamos, podría ser declarado despido improcedente o incluso el afectado podría denunciar en tribunales y ganar un puesto fijo”, cosa que explican desde los centros de investigación.

Eugenio Coronado, director del Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia, nos explica otra razón por la que las medidas no se han hecho efectivas:  “La normativa de contratación de las universidades no permite hacer este tipo de contratos indefinidos con cargo a proyecto, solo pueden ser temporales, así que la medida no ha tenido ningún impacto real”

Serrano y Blasco han asegurado haber transmitido estos problemas al ministro a través de dos reuniones, la última en agosto, sin que hayan recibido ninguna nueva aclaración. Ambos han exigido al ejecutivo que publique “una nota aclaratoria” que desvelar el enigma de esta contratación.

El ejecutivo defiende que las medidas criticadas “han servido para mejorar muchas situaciones que estaban perjudicando a la ciencia”, y sobre las insistencias de Blasco y Serrano, opinan que no son necesarias más aclaraciones y han  incitado a los centros de investigación a empezar ya estos contratos.

Además, a la problemática se le suma la situación de 15 centros y unidades que quedarían sin financiación durante muchos meses. En 2019, 15 centros  deben presentar su solicitud de renovación para adherirse a los programas de financiación. Pero según el nuevo calendario de convocatorias, las solicitudes, no se analizarán ni renovarán hasta el noviembre de 2020, por lo que los afectados perderán como mínimo unos nueve meses de financiación. Serrano asegura que este este parón “va a obligar a despedir a gente”, Somma cree que al menos hay 236 profesionales cuyo contrato está en el aire para el próximo 2020.