En plena emergencia de coronavirus, la Comunidad de Madrid anunció a sus ayuntamientos su decisión de suspender el convenio con el cual apoyaba económicamente a las Escuelas Infantiles.

Según los datos, el aporte económico suponía un 32% del total, por lo que esta suspensión deja en la cuerda floja a todos los padres, alumnos y profesores. Además, obliga a cada ayuntamiento a reestructurar sus presupuestos para poder mantener el sueldo de los trabajadores.

Varios ayuntamientos han denunciado que no se les ha contactado previamente, incumpliendo así el convenio acordado con la Comunidad y tomando la decisión de manera unilateral. En consecuencia, desde el ayuntamiento de Getafe estudian emprender acciones jurídicas, y denuncian que el objetivo sea precarizar las condiciones laborales de los trabajadores e implantar un modelo privatizador.

La Consejería de Educación ha alegado que la ley de contratos de las Administraciones Públicas obliga a suspender los contratos de gestión indirecta si no se prestan los servicios. Estas declaraciones han generado gran polémica, ya que muchos colegios mantienen sus servicios vía online.