Los partidos políticos tienen internamente una extensa red de empleados a su servicio: escoltas, ayudantes, secretarios, etc.

El partido de Pablo Iglesias que, como el resto, tiene también variedad de empleados contratados, tenía al cierre de 2018 unos 292 trabajadores contratados, 133 indefinidos y 159 temporales, un incremento de 58 empleados desde 2017. Una de estas trabajadoras ha presentado una denuncia contra la formación por encargarle trabajos que se salían de su competencia.

Según ha hecho eco Ok Diario esta última semana, se ha hecho pública la denuncia presentada por una escolta de Irene Montero contra la formación morada. La demanda versa sobre la situación laboral de la demandante, que acusa a Podemos y sus cargos de encomendarle trabajo fuera de su competencia, como pudiera ser comprar comida para el perro o hacer de chófer para otras personas.

La ex empleada, de hecho, ha aludido a sufrir un trato laboral “discriminatorio” señalando que habitualmente se le encomendaba, fuera de su horario laboral, hacer recados de índole personal para Montero, como llevar y traer personas hasta su residencia en Galapagar o ejercer de mecánica. Además, también ha pedido una indemnización por el impago de horas extras.

Desde Podemos han respondido alegando que la demandante no estaba contratada como escolta sino como «acompañante de un cargo del partido». Especificando además que fue despedida por reducción de costes dentro de un programa de reorganización de los puestos de trabajo de la formación tras los resultados negativos de abril.

La Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad ha puesto una denuncia ante la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de la Policía Nacional y planean además denunciarlo también ante la Fiscalía por lo que, a su juicio, es un «caso de intrusismo profesional de la escolta de la diputada Irene Montero».

Para esta asociación está muy clara la infracción, puesto que “la contratación directa de este tipo de servicio incumple de forma muy grave la Ley de Seguridad Privada 5/2014” que exige que la contratación de estos cargos debe darse sólo hacia personas habilitadas por el Ministerio del Interior para dicha función.

Según informaba El Mundo, los trabajadores de la formación morada aseguran que hay más de un conflicto laboral en el seno de Podemos, llegando incluso a casos en los que presuntamente se estaría invitando a los contratados a abandonar su puesto de trabajo sin indemnización y sin demandar a la formación por ello a través de “falsas promesas de reincorporación o con la amenaza de despidos disciplinarios sin indemnización”.