Según la Conferencia Episcopal, el dinero que las diócesis españolas alcanzaron como “ingresos del patrimonio y de actividades económicas” fue de 122 millones de euros. En total, eso supone el 13% de su presupuesto, que en este caso sube a los 924 millones.

Se trata de una cantidad tras el esquivo de impuestos, y reconoce que no sabe a qué se dedica el dinero que se recibe por la declaración de la renta.

Los 122’24 millones provendrían del alquiler de inmuebles y varias inversiones, a pesar de que no se explique explícitamente y el Estado nunca lo haya preguntado. Según el portal de Transparencia de la CEE (Conferencia Episcopal), el pago de IBI está regulado en la Ley de Mecenazgo de 2002, que considera a muchas instituciones y fundaciones por la labor que llevan a cabo para la sociedad, y por tanto el Estado las incentiva.

En otras palabras, la Iglesia Católica no paga el IBI en los inmuebles en los que desarrolla sus actividades. Pero la Iglesia no solo posee templos y conventos, sino que también tiene a su nombre pisos, garajes e incluso edificios enteros destinados al alquiler. Aun así, resulta imposible saber el beneficio por esos alquileres sin saber el valor de cada inmueble, pero no hay registro de qué bienes están alquilados.

En cuanto al dinero recibido por la casilla de la declaración de la Renta, tampoco se aclara a qué está destinado, ya que la forma de justificar esos gastos la establece la propia Iglesia. Es por esa carencia de información de la Administración General por la que no es posible distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que sí lo tienen.