La Junta de Andalucía ha dado este martes las instrucciones para reclamar por la vía civil el dinero dentro del caso de los EREs tras conocerse la sentencia y también tiene intención, una vez que ésta sea firme, de reclamar el reintegro del coste de las defensas de los ex altos cargos condenados.

Asimismo, el Gobierno andaluz pagará de aquí a 2025 un total de 37 millones de euros en las pólizas de los trabajadores prejubilados “de buena fe” que cumplieron con todos los requisitos legales, a los que ha trasladado el mensaje de que no tienen porqué preocuparse por su situación.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, junto al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

Tras recordar que en la sentencia de la pieza política del caso de los EREs se han condenado a 19 acusados por delito continuado de prevaricación y a diez por malversación de caudales públicos que alcanzaría casi los 680 millones, Marín ha reconocido la dificultad de recuperar este dinero.

El vicepresidente de la Junta ha reprochado que el gobierno de la socialista Susana Díaz “ya se encargó de tejer una tela de araña para impedir que se ejecutaran las fianzas” y de ahí que sea “muy difícil recuperar el dinero”.

“Si hubiera actuado pensando en el interés de los andaluces, todos los antiguos cargos tendrían sus bienes embargados y parte del dinero se podría recuperar” ha explicado Marín, quien ha señalado que el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz “por decisión política”, aunque hubiera un informe del gabinete jurídico de la Junta, decidió en el año 2016 que la Junta se retirara como acusación e incluso llegó a pedir el archivo de la causa.

Ha expuesto que, tras esa decisión de retirarse como acusación, se cierra la puerta a que el procedimiento pudiera seguir por la vía penal, de manera que hay que abrir un nuevo procedimiento por la vía civil, algo que no será posible hasta que no haya sentencia firme, algo que dependerá del tiempo que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de los condenados.

Asimismo, Marín ha explicado que cuando la Junta se retira como acusación ya no se puede pedir a los encausados que depositen la fianza, al tiempo que la administración asume el coste de los servicios de abogados externos de sus ex altos cargos, algo que el actual Gobierno andaluz va a reclamar que se devuelva en su momento.

Juan Marín no ha precisado a cuánto podría ascender el dinero que hay que pagar a los abogados, pero ha apuntando que, por ejemplo, el letrado del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías ha reclamado más 200.000 euros, pero “finalmente se le van a pagar 18.000 euros”.

Ha apuntado que los abogados de otros ex altos cargos condenados están reclamando “cantidades millonarias”.

Ante todo este escenario, el vicepresidente ha asegurado que el actual Ejecutivo no se va a quedar cruzado de brazos para la recuperación del dinero defraudado en el caso de los EREs, momento en el que ha lanzado un mensaje de tranquilidad para aquellas personas de “buena fe” que se acogieron a estos EREs, que seguirán cobrando sus pensiones hasta 2025 con “total normalidad”.

“Hay que diferenciar entre prejubilados de buena fe y los más de 200 intrusos que se colaron en los EREs. Estos intrusos sí tienen que preocuparse; vamos a perseguirlos hasta donde la justicia nos los permita para que devuelvan lo que no les corresponde”.

Según ha explicado, la Junta tiene consignada de aquí y hasta 2025 una partida de 37 millones de euros para esos prejubilados de “buena fe”. Marín ha indicado que, en cambio, los más de 200 intrusos que entraron ilegalmente en los EREs de determinadas empresas para cobrar pólizas sí tienen que “preocuparse” del Gobierno andaluz, “porque vamos a perseguirlos hasta donde la justicia permita para que devuelvan todo lo que no les corresponde”.