El toque de atención recibido en julio de 2018 por la falta de depuración de aguas urbanas residuales en varios centros urbanos importantes supone ya la mayor sanción que España haya tenido que pagar nunca a Bruselas, superando ya los 32’7 millones de euros.

Fuentes de la Comisión Europea lo han advertido esta semana: España ha abonado ya más de 32’7 millones de euros, de los cuales 12 fueron impuestos directamente por el Tribunal de Justicia de la UE, como consecuencia del incumplimiento de las reformas impuestas por el Órgano Comunitario en julio de 2018, en alusión al vertido inadecuado de aguas residuales al mar o a los sistemas fluviales de varios centros urbanos españoles.

Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz), Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Barbate (Cádiz), Gijón Este (Asturias) y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife). Estas son las localidades donde fueron detectados (y continúan produciéndose) vertidos de aguas residuales sin el tratamiento correspondiente.

La sentencia del Tribunal Europeo estableció que por cada semestre concluido sin corregirse las irregularidades, la sanción aumentaría en 10’35 millones, habiendo pasado ya más de 12 meses. Solo han sido solventados los problemas de la depuradora de Tarifa, en cuanto al resto de localidades, existe un calendario establecido por el Gobierno, según el cual las reformas exigidas se completarán en 2023, por lo que la sanción continuará aumentando notoriamente.

En cuanto a la competencia sobre la gestión de las aguas residuales, en su mayoría esta es municipal, aunque en algunos casos, las obras relacionadas con adecuar las depuradoras a las exigencias europeas han sido declaradas de interés regional o nacional. El Gobierno ha mostrado ya su intención de trasladar parte de la sanción a las comunidades y ayuntamientos afectados.

La primera vez que España fue multada (con 9’3 millones) por el Tribunal de Justicia de la UE fue en 2003 por la mala calidad para el baño de las aguas interiores. La siguiente (23’9 millones) fue en 2012 por ayudas ilegales a la empresa Magefesa.

En 2014 el tribunal condenó a España con 30 millones por el caso de las vacaciones fiscales vascas. En 2017 el retraso en la reforma de la estiba supuso una multa de 3 millones de euros y, un año después, se produjo la sentencia sobre la depuración de las aguas residuales.