A 20 de agosto, Pablo Casado, presidente actual del Partido Popular, dice que este martes solicitará la convocatoria del pacto antiyihadista para analizar el atentado frustrado en la comisaría de Cornellà de Llobregat.

En su cuenta de Twitter, Casado explica que su solicitud tiene la intención de poner los medios para analizar el ataque y el nivel de amenaza yihadista del Estado: “Pediré que se impulse el plan nacional de lucha contra la radicalización violenta aprobado la pasada legislatura”.

Este movimiento, surgido además por la influencia del número dos, Teodoro García Egea, permitió una política antiterrorista de unión y consenso entre los partidos. Recordemos que el pacto antiyihadista salió a la luz en febrero de 2015, impulsado por el expresidente Mariano Rajoy y, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, donde varios partidos de influencia menor como Ciudadanos y UPYD, entre otros, se sumaron.

Para el pacto antiyihadista se modificó el Código Penal, para redefinir qué es el delito de terrorismo sumando un nuevo carácter al delito. Estas modificaciones, como hemos visto, bajo la excusa de perseguir la captación y el adiestramiento de terroristas, incluyendo su adiestramiento pasivo, mediante las redes sociales han amparado la detención de “peligrosos terroristas” como Cassandra Vera o César Strawberry, cantante de Def con Dos. Todo esto deja claro que el pacto antiyihadista, hasta el momento, ha sido un total fracaso en busca de combatir y encarcelar al DAESH y sus células.

Mientras dejan intactas (o las amplían) las vías de financiación militar y económica del DAESH, continúan su “cruzada” particular contra todos aquellos que “incitan al terrorismo” por redes sociales. Mientras tanto, ocurre un “Cambrils” en otra parte del mundo, pero esa ya no les importa.