El pasado 6 de febrero, el suelo empezó a temblar en el vertedero de Zaldíbar, el vaso se rompió y su contenido se movió en dos direcciones: una lengua de tierra hacia el barrio de Eitzaga, y el otro se tragó la AP-8.

La avalancha, que duró unos dos minutos, se llevó con ella a dos operarios que trabajaban en el asentamiento de la escombrera. Mientras estaban en marcha las labores de rescate, un técnico detectó amianto, por lo que se paralizó la búsqueda. Este dato era ya conocido con anterioridad por los propietarios del vertedero: Verter Recycling.

Los participantes en las primeras actuaciones para tratar de encontrar a ambos trabajadores estuvieron expuestos al contacto con el amianto, que supone un gran riesgo para la salud. Además, una vez retomada la tarea el mismo viernes 7 , los rescatadores se enfrentan al incendio que se desata en la parte alta del vertedero.

Tras varias investigaciones, se publica que el Gobierno vasco detectó irregularidades en la última inspección, en junio de 2019. Horas después, la viceconsejera de Medio Ambiente estaba “a punto” de abrir un expediente sancionador por la acumulación de residuos no autorizados.

Ocho días después del derrumbe, el Gobierno vasco difunde los resultados del análisis de calidad del aire, y pide que los vecinos de Zaldibar, Eibar, Ermua y Mallabia no abran las ventanas ni hagan deporte al aire libre. Los análisis detectaban unas cantidades tóxicas cincuenta veces más altas a los valores normales de la zona.