Los acusados de la causa de los EREs, tanto quienes resulten condenados como los que no, se beneficiarán de la defensa pagada por la Junta de Andalucía.

De hecho, dicha administración ya ha comenzado a llevar a cabo las reclamaciones, que supondrán alrededor de 90.000 euros en gastos jurídicos. La misma administración es la que se había personado al inicio del proceso como acusación particular, lo que generó que ésta estuviera actuando, al mismo tiempo, como defensa y acusación.

Por este motivo, la Junta de Andalucía ha optado por hacerse cargo de las minutas que suponen los servicios jurídicos personales que se están encargando de defender a los acusados. En el artículo 92.1 del Reglamento de Organización y Funciones del gabinete jurídico de la Junta, se recoge el derecho de acceso a los servicios de dicho gabinete.

Derecho al que se han acogido los que fueran altos cargos, que ahora están siendo investigados, ya que los hechos por los que se les acusa están relacionados con las funciones que ellos desempeñaban. Sin embargo, según ha señalado dicha administración, una vez se conozca la sentencia de los EREs y ésta se haya reafirmado con la pronunciación del Tribunal Supremo, podrá pedir a los 16 ex altos cargos que se han beneficiado de sus servicios jurídicos que devuelvan las cantidades invertidas en sus defensas.

Otros 6 acusados, quienes pertenecían a las agencias IFA e IDEA, no se pueden adherir al derecho a ser defendidos por el gabinete, no obstante, tampoco deberán hacerse cargo de los costes ya que tienen, a través de la compañía Arch Insurance Limited, un seguro de responsabilidad civil que se responsabilizará de los gastos de su defensa.