Rey inclina iglesia
Fuente: El Mundo

Desde que en 2015 se aprobara la ley que impedía la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia Católica, quedaban sueltos ciertos aspectos en referencia a la posesión de ciertos espacios que corresponden al dominio público.

Gracias a la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de Aznar en 1998, se concedía a los obispos la consideración de fedatarios públicos y el registro bienes sin aportar títulos de propiedad, tal y como permitía la ley hipotecaria franquista.

Empezado el conflicto acerca de la posesión de espacios como la mezquita de Córdoba, el congreso aprobaba en 2015 la ley que anulaba el privilegio de la Iglesia a inscribir bienes a su nombre en el Registro de la Propiedad, en mayoría del PP, con el apoyo de UPyD y UPN. Sin embargo, dicha ley no establecía soluciones para aquellos inmuebles que ya habían sido adquiridos sin justificación documental, de modo que la Iglesia conservaría a su nombre todos los espacios registrados hasta el momento, aunque no hubiese motivos históricos o legales.

Desde la emisión de la ley hasta hoy, muchos de los focos se han centrado en el caso de la mezquita de Córdoba, registrada a favor del clero como Santa Iglesia Catedral en 2006. Dicha propiedad se ha puesto en tela de juicio tras someterse a un análisis histórico que determina cómo la propiedad ha estado siempre ligada al Estado, y legal, careciendo su inmatriculación de los tres requisitos básicos exigibles a cualquier registro de un bien: prueba de la propiedad, descripción del bien y certificación de que se encuentra libre de cargas.

La mezquita de Córdoba es tan solo la punta de iceberg de toda una serie de privilegios que se concedieron a la Iglesia por su papel político y social de apoyo al régimen, muchos de los cuales a día de hoy siguen constando en sus registros y enalteciendo la figura de Franco.