Fuente: Racozzi
Estos últimos días han sido revelados numerosos cuadernos escritos por el conductor
privado de un antiguo empleado de las Administraciones de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, entre los años 2003 y 2015, que acusan de manera directa a
numerosos empresarios y exfuncionarios públicos, como el empresario Carlos Wagner, de
toda una red de sobornos como nunca antes se había visto en Argentina.
Los “cuadernos de coimas”, como se ha denominado al caso judicial que investiga dichos
sobornos, apuntan a hombres de negocios, amigos o familiares cercanos al actual
presidente de Argentina, Mauricio Macri, como por ejemplo, su primo, Angelo Calcaterra,
quién se declaró víctima de pedidos de dinero del kirchnerismo para financiar campañas
electorales.
Además, en las últimas horas se ha sumado un nuevo imputado: José López, ex secretario
de Obras Públicas durante el gobierno de Kirchner.
Las anotaciones del exchofer Óscar Centeno podrían tener, no sólo consecuencias para el
antiguo gabinete y todos aquellos que fueron partícipes de dicha asociación ilícita, sino
también para el actual gobierno argentino, a quien parece no importarle demasiado el
escándalo de corrupción que ha salpicado a su país. En la medida que el ministro de
Transporte Guillermo Dietrish ya ha asegurado a numerosas empresas que aparecen en los
cuadernos que podrán participar de obra pública: “No limitaremos las compañías, a menos
que un juez diga lo contrario”, dijo Dietrich, y agregó: “lo que está sucediendo no tiene
precedentes, y el sistema de Justicia necesita investigar, probar y emitir un fallo final”.