Un informe policial acusa a Infancia Libre, asociación que asesoraba a Podemos, de organización criminal. Falsificaban denuncias e informes, incluso permanecían ocultas para mantener alejados a sus hijos de los padres 

 Según han determinado las investigaciones policiales, Infancia Libre, la asociación que asesoró a Podemos sobre abusos intrafamiliares y que iría a su lado al Congreso de los Diputados y al Senado, funcionaba como una “organización criminal”. Usaba prácticamente el mismo  informe falso para sus distintos casos, y también utilizaba técnicas semejantes para alejar a los niños de sus padres, denunciandoles por abusos sexuales sin tener pruebas.

Por ello, el informe policial (a cargo de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados y de la Fiscalía) señala y pide que se tenga en cuenta el procedimiento abierto contra cuatro madres cercanas al colectivo, a quienes se las acusa de sustracción de menores e incumplimiento del régimen de visitas de los padres a sus hijos.

Las autoridades detenían este año a María Sevilla, presidenta de la asociación, la cual se encontraba en una finca en Cuenca, donde se encontraba con su hijo, que estaba sin escolarizar y llevaba dos años sin ver a su padre.

La estrategia que utilizaron para alejar a los menores de sus padres fue muy similar en los cuatro casos. Por un lado, consiguieron informes psiquiátricos falsos (todos expedidos  por los mismos profesionales, como Antonio Escudero-Nafs, psiquiatra presente en todos los casos), y por otro lado utilizaron todas las medidas legales posibles para alejar a los menores de los padres,  incluyendo falsas denuncias sobre presuntos abusos. De esta parte de la estrategia sería responsable la abogada y ex juez Carmen Simón.

Además, se apunta también  que las madres de Infancia Libre, que alejaron a sus hijos de los padres, utilizaron una infraestructura común para permanecer ocultas y utilizaron, según apunta el informe policial, estrategias de grupo criminal para ocultarse de la Justicia.

Además, según indica la investigación más allá  de las cuatro mujeres ya acusadas, la Policía Judicial incluye hasta veinte posibles casos que habrían sucedido de forma similar.

Ahora el  Ministerio Fiscal es el responsable de valorar la situación a  través del informe de la Unidad Adscrita, y decidir si se abre una investigación contra la asociación, lo que subiría la acusación al grado de grupo criminal.

Aún con ello, según las fuentes de la fiscalía no se prevé que esto se determine antes de fin de año, porque se deberá estudiar particularmente cada caso para escudriñar si realmente se basaban en una unidad delictiva y si realmente madres y profesionales habían concertado  los actos delictivos que les permitirían eludir el cumplimiento de la ley.

La defensa se basa en la fecha de los hechos denunciados, puesto que varios de esos hechos se habrían sucedido antes de la constitución y registro de la asociación. Este dato es esencial para imputar a las acusadas por un delito de tipo penal de organización criminal.