A las medidas que la Ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció tras la Conferencia Sectorial les llovieron las críticas y al menos cinco comunidades amenazan incluso con no ratificarlo.

Madrid, Andalucía, Murcia, País Vasco y Castilla y León discrepan de que se puedan obtener títulos con suspensos, que en segundo de Bachillerato los alumnos puedan tener una calificación global en lugar de una calificación detallada por asignaturas o el hecho de que el tercer trimestre sirva sólo “de diagnóstico” y sin resultados académicos para el alumno.

Pese a que la ministra negó que vaya a haber un aprobado general, el titular del área en Madrid, Enrique Ossorio, se opuso tras finalizar el encuentro a que se hable de que los alumnos pasarán de curso “como norma general”, al considerar que se da “vía libre a que se titule con asignaturas suspensas”.

“Han hecho que cada comunidad decida lo que le dé la gana; una puede decidir que se titule con siete suspensos y otra que con dos, por ejemplo. Y los títulos son nacionales”, expuso Ossorio. “Madrid no va a hacer uso de esa potestad, pero otras comunidades tendrán la tentación de acogerse al acuerdo”, concluyó.

Por su parte, la Región de Murcia ha anunciado esta mañana que no ratificará el acuerdo propuesto por el Ejecutivo, al menos, hasta que no se elabore una norma concreta, homogénea para todo el territorio nacional, sobre los criterios de evaluación, especialmente, en lo que respecta a la repetición de curso. Así lo ha asegurado la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, quien ha tachado de “injusticia” que cada región pudiera tomar sus propias decisiones en este ámbito.

La discrepancia del Gobierno vasco, sin embargo, se basa en una cuestión competencial. Para sus autoridades, el hecho de establecer una hoja de ruta común a toda España supone un abuso por parte del Gobierno central dado que “el desenlace del curso forma parte de sus competencias educativas”.

En la misma línea, el consejero de Educación Andaluz, Javier Imbroda, ha mostrado sus reticencias sobre el documento que se debatió en la Conferencia Sectorial de Educación. Es por esto por lo que ha pedido al Ministerio, al igual que Madrid, que detalle ciertos puntos relacionados con la promoción y titulación del alumnado. “Hemos pedido que se clarifiquen apartados para que no haya agravios con el resto de comunidades ni se generen desigualdades”, ha detallado Imbroda.