Al año la Comunidad de Madrid perdona más de mil millones de euros en impuestos a los ricos. Se los perdona sin que el traslado de sus domicilios fiscales a ese territorio desde otros conlleve un aumento de la recaudación en otros tributos que lo compense, tal y como exige el mantra oficial de los gobiernos conservadores que han ido pasando por la comunidad.

Entre 2011 y 2017, es decir, desde que se recuperó el Impuesto de Patrimonio, las bonificaciones autonómicas que ha concedido la comunidad de Madrid ascienden a los 5.015 millones, es decir, el 96,1% del dinero perdonado por el Estado por este concepto.

Los beneficiarios han sido gente que posee al menos 700.000 euros en bienes y propiedades de todo tipo, lo que es necesario para contribuir en este impuesto salvo en Aragón.

La merma de ingresos tributarios está camino de duplicarse, ya que en los primeros siete años de la década pasó de 533,8 millones a 995,5 millones. Los datos de la Agencia Tributaria cifran en 175.427 millones el valor conjunto de las fortunas que poseen los ricos domiciliados en la comunidad de Madrid, que suponen algo más de una cuarta parte de los 669.062 de todo el país. 

Casi tres cuartas partes de esas riquezas se encuentran en acciones, cotizadas (31.378) o no (62.870), y en sicav (37.460). Esos patrimonios se han visto afectados por la crisis, ya que entre 2011 y 2017 su volumen aumentó un 72%, de 102.005 a 175.427.

Ese incremento de las fortunas, que se ha vinculado tradicionalmente con el favorable trato fiscal, en un caso flagrante de dumping tributario con el resto de territorios, ha disparado tanto la nómina de ricos domiciliados en ella como su nivel.

El número de madrileños con más de 700.000 euros pasó de 14.520 a 16.856 entre 2011 y 2017. Y su fortuna media también ha crecido a un ritmo casi tres veces superior: de 6,85 millones a 9,67, vinculado además a la migración documental de esos patrimonios en vez de a la mejora de los negocios.

La supresión del Impuesto de Patrimonio no es la única ventaja fiscal en Madrid, los ricos se benefician también de el menor gravamen de España en el tramo autonómico del IRPF. Estas políticas fiscales tienen un impacto directo en las cuentas de la comunidad que el Ministerio de Hacienda calcula, sin incluir el efecto de Patrimonio, en más de 3.500 millones anuales.

Esa estrategia, genera conflictos y pleitos con otras comunidades para armonizar fiscalmente igualando la aplicación de los impuestos cedidos por el Estado y reducir el margen discrecional de los gobiernos autonómicos.
Aun así, ese aumento de la presencia de gente adinerada no ha aumentado el impuesto del IRPF. Los contribuyentes madrileños con rentas altas crecieron más de un tercio, situándose cerca de los 40.000. Sin embargo, ese aumento que cuadriplica al crecimiento de los ricos en patrimonio, fue en esos años sólo de 950 millones de euros, una cifra no imputable en exclusiva a estos últimos sino que la mejora de la recaudación en este tributo se distribuye entre todos los declarantes. 

Esa atracción de fortunas y empresas que sólo en 2016 y 2017 generó un saldo positivo de 810 sociedades con una mejora del volumen de negocio de 1.860 millones, debería, a priori, tirar al alza de la recaudación de otros impuestos como él IVA y el de  Sociedades. No obstante hay dificultades para cuantificar ese efecto, ya que los datos de la Agencia Tributaria sobre Sociedades no están territorializados y los del IVA registran entre 2011 y 2017 una mejora de casi 5.000 millones pero de la que forman parte la mejora de consumo de 2013 y el aumento de más de 90.000 contribuyentes.