La pandemia global deja tras de sí una jornada negra para el mercado laboral español, que amenaza con repetirse en los próximos días.

La pandemia, que ha provocado ya en España más de 340 muertos y cerca de 10.000 contagiados, deja también tras de sí un goteo incesante de trabajadores que se están yendo al paro -en principio, de forma temporal- por la detención de la actividad.

Hasta ahora, los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) rondan los 100.000, pero la cifra amenaza con ser mucho más alta en el transcurso de los próximos días.

El ERTE más grande fue el que anunció el grupo Alsea, dedicado a la restauración, propietario de marcas como Vips, Starbucks, Cañas y Tapas o Foster’s Hollywood y que afectará a 22.000 trabajadores. Burger King España fue otro de las grandes empresas que anunció el lunes la presentación de un ERTE, este afectará a 14.000 trabajadores.

Pero son muchas más las compañías que se unen a esta medida temporal, entre ellas encontramos grandes empresas como Iberia, Seat, la ferroviaria CAF, Tendam, Pikolín, Iberostar, etc.

Ante esta coyuntura, el Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar un segundo paquete de medidas económicas para atajar estos efectos negativos provocados por la crisis del coronavirus en nuestro país.

La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado este lunes que los objetivos de las medidas del Gobierno son dar liquidez a la economía y proteger al máximo el empleo, evitando así que el impacto económico “se vuelva estructural y se alargue en el tiempo una vez que la crisis sanitaria quede atrás y las medidas de contención se levanten”.

Así, prevé agilizar los ERTEs en determinados sectores, la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia y la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores, según han informado a EP fuentes próximas al Ejecutivo.

Asimismo, el Gobierno está barajando establecer una línea de avales para ayudar a las empresas ante el impacto del coronavirus en sus negocios, así como agilizar la concesión de la prestación por cese de actividad a los autónomos. Estas medidas coinciden en gran medida con las que acordaron proponer al Ejecutivo tanto sindicatos como empresarios y organizaciones de autónomos.