Un juez en Gran Canaria ha fallado a favor de los trabajadores de la empresa Clece, encargada de la atención a personas dependientes, estableciendo que, por cada día que la empresa no les suministre los equipos de protección individual necesarios (EPIs) ante la epidemia de coronavirus, se le multará con 1.000€.

El auto emitido el pasado lunes por el Juzgado de lo Social número 8 ha establecido como medidas cautelares que el material protección deberá ser entregado a los empleados en un plazo máximo de 48 horas.

En caso de que la empresa, que trabaja para el ayuntamiento de la capital, no proporcione las mascarillas, el gel desinfectante, los guantes y las batas desechables será multado con 1.000 euros diarios por cada día de atraso.

No obstante, el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife falló de forma radicalmente opuesta con relación a un caso idéntico, sobre la misma empresa. En su lugar, el juzgado de lo social número 8 de la capital santacrucera ha desestimado la petición de UGT y ha admitido que en el momento actual era imposible el suministro a todos los empleados de los equipos de protección individual.

Ante la disparidad de criterios entre ambos juzgados, las dos sentencias podrán ser recurridas y elevadas a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con lo cual deberá llegarse a un dictamen único. A pesar de que la ley establece que las medidas de seguridad deben ser proporcionadas por la empresa, quién debe contar con ellas, se ha creado una situación extraordinaria al suponer un desafío el conseguir dicho material.

Este mismo caso, de falta de distribución de los equipos de protección a los trabajadores, se ha dado en múltiples sectores como la distribución, la banca o en los supermercados, sin embargo, se han dado situaciones de gravedad máxima en las que los sanitarios también se han visto faltos de dichas medidas de seguridad.