El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) permitió la reventa de la Operación Chamartín, atendiendo a la petición de DCN, la promotora privada, para que se pudieran trasmitir los derechos de la operación a terceros. 

La empresa pública, propietaria de la mayoría de los suelos en los que se llevará a cabo el proyecto denominado “Madrid Nuevo Norte”, ha defendido que las modificaciones contractuales se realizaron en el año 2015. La reforma suponía la inclusión de una nueva cláusula en el contrato, con la que se permite que los suelos en los que se encuadra la Operación Chamartín pasen a pertenecer, por un acuerdo con opción a compra, a Distrito Castellana Norte (DCN), sociedad BBVA (75%) y San José (25%).  

Desde su firma en 1994 el contrato de las operaciones ha sufrido multitud de modificaciones de sus condiciones, las cuales han sido ahora denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción por Izquierda Unida y Podemos, al alegar que con cada modificación se iba aumentando el beneficio de los operadores privados, sin tener en cuenta los intereses públicos. 

Adif, que es dependiente del Ministerio de Fomento, ha sostenido que dichas modificaciones han contado con la aprobación de la Abogacía General del Estado, que han sido realizadas por causas objetivas y que no han alterado el equilibrio de lo pactado. Además, añade que esta nueva cláusula que permite la reventa de los terrenos se introdujo al volverse innecesaria la prohibición a los adjudicatarios de desvincularse del proyecto. 

No obstante, el precio que se ha puesto de los terrenos es de la mitad del de mercado, se han añadido la ampliación de cinco a veinte años en el plazo de pago y se ha eliminado la cláusula que responsabiliza a la concesionarias al pago de indemnizaciones a los afectados por las expropiaciones, cuyos derechos ha adquirido el empresario Trinitario Casanova.