El glifosato es un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. El grupo químico alemán Bayer, propietario del grupo agroquímico estadounidense tras absorberlo en 2018, se enfrenta a 13.400 demandas judiciales derivadas de su empleo en Estados Unidos.

Por ejemplo, la justicia lo condenó a indemnizar con 80,3 millones de dólares a un jubilado de California, víctima de un cáncer tras haber utilizado durante 25 años RoundUp, la marca del herbicida glifosato de Monsanto.

Una investigación conjunta entre el Canal 2 de Francia y el diario Le Monde reveló cómo la transnacional química Monsanto le pagaba a una agencia de espionaje para crear perfiles de políticos, científicos y personajes influyentes. Los categorizaba según su apoyo al uso del glifosato, encasillándolos en las categorías de “aliados”, “potenciales aliados a reclutar”, “a educar” y “a vigilar”.

La agencia Publicis facilitaba estos estudios a Monsanto para así gestionar un lobby de presión especializado según las inclinaciones respecto al herbicida de los investigados. El director de esta agencia, Clément Léonarduzzi, tuvo que admitir los hechos, aunque se excusó en que fueron previos a su mandato.

Tras emitirse el reportaje, la Fiscalía de París ha abierto una pesquisa contra el fabricante del glifosato y semillas transgénicas estadounidense. La justicia gala decidió encausar a la multinacional por recolectar de manera fraudulenta e ilegal datos de periodistas y políticos que estudiaban el herbicida.

A pesar de todo esto, La Agencia de Protección del Medioambiente de Estados Unidos, EPA por las siglas en inglés, no ha encontrado ningún riesgo para la salud humana en la utilización del glifosato, según ha afirmado recientemente en una nota oficial el administrador de esta agencia oficial, Andrew Wheeler, en la que se presentaban los resultados del procedimiento de renovación de los permisos para el herbicida en Estados Unidos.

Esto nos muestra como las asociaciones monopolísticas como Bayer actúan a menudo de manera fraudulenta, utilizan su poder económico para ejercer un dominio político y además no tienen reparo en enriquecerse a costa de la salud de los demás.