La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción impuesta el 2 de julio de 2016 de 22,59 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Repsol S.A. por practicar conductas colusorias consistentes en acuerdos de coordinación e intercambios de información estratégica en materia de precios en el sector de los combustibles en España.

La Audiencia Nacional consideró vulnerado el principio de personalidad de la pena cuando la CNMC, en la resolución sancionadora, declaró a Repsol como sociedad matriz, autora y responsable de los acuerdos colusorios realizados materialmente por la filial, lo que supuso que la CNMC aplicara una responsabilidad objetiva.

En aplicación de esa doctrina, la Sala estima el recurso de la Abogacía del Estado y repone la multa a la sociedad matriz Repsol, revocando así la sentencia de la Audiencia Nacional que había anulado la multa con anterioridad por considerar que no podía considerarse autora de la infracción a Repsol cuando los hechos sancionados fueron cometidos materialmente por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, filial de Repsol.

De esta forma, el Supremo establece que «es conforme con los principios de personalidad y culpabilidad, comprendidos en los artículos 24 y 25 de la Constitución, sancionar a una sociedad matriz en concepto de autora de comportamientos colusorios constitutivos de infracciones de competencia materializados por una sociedad filial respecto de la que tiene un control del 100% o próximo a ese porcentaje (99,78%) cuando aquella sociedad ha suplantado y sustituye la voluntad de esta, desplegando dicha actuación como una unidad de negocio, ello al amparo del artículo 61.1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia».

La petrolera interpondrá recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencias del Tribunal Supremo que ratifica la multa. De esta manera, Repsol proseguirá la ‘batalla’ judicial contra las sanciones impuestas por la CNMC.