El Gobierno ha decidido recurrir al Vaticano para impedir que Franco sea enterrado en la catedral de la Almudena, donde su familia compró una propiedad; pues al parecer, el Ejecutivo no encuentra motivos legales para oponerse a la decisión de la familia del dictador. Por otro lado, la Iglesia española les ha negado su apoyo alegando que, “como cualquier cristiano”, gozan del derecho a enterrarlo donde quieran, y mantienen así su histórica posición colaboradora con el régimen.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, se reunirá a finales de octubre con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para abordar la cuestión. Entre los temas a tratar también se encuentran los fraudes que la Iglesia llevó a cabo apoyándose en una ley franquista, que permitía los obispos registrar inmuebles sin tener que demostrar su propiedad (como en el caso de la Mezquita de Córdoba) y los colegios católicos concertados.

Pedro Sánchez, temeroso de que la opinión pública se le eche encima, pretende convencer a la familia de que lo entierren en un lugar menos simbólico, ya que una medida como la exhumación del Valle de los Caídos no tendría ninguna eficacia si la catedral se convirtiera en el nuevo templo franquista.

A pesar de todo, la vicepresidenta dejó claro que Franco debía ser enterrado en un lugar “decoroso”, lo que da a entender que el gobierno no quiere buscar el conflicto con los fascistas. Este intento por contentar a ambos lados deja al descubierto la hipocresía de sus actos. El franquismo se combate, no sirven las medias tintas.