Ante la celebración de unas nuevas elecciones, el Gobierno tendrá que aprobar una ampliación de crédito, aumentando el presupuesto en 140 millones. Así, con estas cuartas elecciones generales desde 2015 los gastos ascienden a 540 millones. 

Para aprobar el presupuesto se seguirá el procedimiento de las elecciones del pasado abril. El Consejo de Ministros deberá aprobar la ampliación de crédito fijada en 134 961 516,72 millones de euros, mismo presupuesto de las anteriores generales, salidos del Fondo de contingencia, destinado a las necesidades imprevistas e inaplazables. 

El presupuesto se reparte entre otro en los gastos de propaganda, la impresión de papeletas y sobres, la organización de los colegios electorales o los Cuerpos de Seguridad, pero a lo que se dedica la mayor parte, un 40,6%, es a Correos para el voto a distancia, la propaganda o los avisos de las mesas electorales. 

Las Juntas Electorales, encargadas de vigilar el proceso, y a las mesas de votación supondrán 20 millones del gasto total. Las pasadas elecciones 180 114 personas trabajaron en las mesas, cobrando 65 euros por la jornada. También queda por elegir la empresa que se hará cargo de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio, para lo que se convocará un nuevo concurso y se destinó en abril un máximo de 10 millones. 

A estos 140 millones también habrá que añadir las subvenciones a los partidos políticos, que el Gobierno aprobará en un decreto aparte.