El Parlament ha aprobado este jueves, con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, una resolución en la que se pide la retirada de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Catalunya, así como la dimisión de la delegada del Gobierno español, Teresa Cunillera.

Las últimas detenciones de nueve independentistas vinculados a los Comitès de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo, ordenadas por la Audiencia Nacional y ejecutadas por la Guardia Civil, han situado al cuerpo policial de nuevo en el centro de todos los debates y criticas en Cataluña.

Hasta tal punto en que, durante la segunda y última jornada del debate de política general en el Parlament, celebrado este jueves 26, ha sido aprobada una petición formal de retirada de los efectivos de la Guardia Civil de territorio catalán, con los votos a favor de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP.

La propuesta de resolución presentada por los dos primeros grupos parlamentarios argumenta que la Guardia Civil se ha mostrado como una policía de marcado carácter político y que su labor en Cataluña esta dirigida a perseguir determinados colectivos políticos y sociales.

Asimismo, el texto, de carácter meramente político yaprobado pocos días antes de celebrarse un nuevo aniversario del referéndum del 1-0, reclama la dimisión inmediata de la delegada del Gobierno Español, Teresa Cunillera (PSOE), por considerarla incapaz de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón envió a prisión, también este jueves, a siete de los nueve independentistas catalanes detenidos el lunes, y que supuestamente planeaban acciones violentas coincidiendo con la sentencia del procés. El magistrado los vincula con los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), una nueva organización que, sostiene el juez, busca la independencia de Cataluña por vías violentas, y les imputa delitos de integración en grupo terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos.

Esta es la primera vez que la cámara catalana somete a votación y aprueba una resolución de tal magnitud, a diferencia del Parlamento Vasco, que sí que lo ha votado en varias ocasiones.