Gran parte de la hegemonía política conquistada por el Partido Nacionalista Vasco en los últimos cuarenta años se ha fundamentado en el mito de la eficiente gestión pública de los distintos gobiernos Jeltzales. Si bien es cierto que las instituciones vascas no se han visto salpicadas por grandes casos de corrupción, factor que ha sido determinante para que los nacionalistas conserven a día de hoy la etiqueta de defensores de los derechos sociales, en los pasados años, numerosos sucesos y conflictos laborales han dejado en entredicho la labor realizada, especialmente en lo que al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y los Servicios de Atención a Domicilio se refiere.

La idea de que el Servicio Vasco de Salud es un referente, no solo en el estado, sino en Europa y en el mundo, ha sido numerosas veces repetida desde el Gobierno Vasco y sus medios de comunicación de mayor afinidad. En contraposición a esta idea, se encuentran numerosos indicadores oficiales que miden la eficiencia de los servicios médicos:

-El Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH), confeccionado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, no ha incluido en su informe de 2018 a ningún hospital de Osakidetza entre los diez mejores del Estado, a pesar de que Osakidetza es el sistema público que, junto al navarro, más dinero ha invertido por habitante en presupuesto sanitario.

-El ranking conocido como Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), realizado anualmente por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), tampoco incluye a ningún hospital de Euskadi entre los mejores centros sanitarios del Estado. De las 74 instalaciones listadas, la mejor de Euskadi es el hospital de Galdakao-Usansolo, el cual ocupaba la posición número 25 en el ranking de 2017, habiendo descendido hasta la posición 29 en el informe correspondiente al ejercicio pasado.

Además de estos indicadores, la dirección del PNV en Osakidetza se ha visto directamente implicada en dos grandes casos relacionados con prácticas irregulares:

Por una parte, el “Caso Margüello”, que se basa en contratos ilegales firmados a partir de 1996 entre Osakidetza y empresas ligadas al Doctor José Carlos Margüello, durante la etapa de Gabriel Inclán (PNV) como consejero de Sanidad del Gobierno Vasco. En la trama participaron empresas como Medical Dom, que obtuvo contratos de la Sanidad Vasca por valor superior a 25 millones de euros para la asistencia médica urgente a domicilio en todo el País Vasco, o Progenika Biopharma, sociedad subvencionada con más de 3 millones de euros por la Consejería de Industria y presidida por el militante del PNV Juan Miguel Retolaza, que logró contratos con Osakidetza por más de 700 000 euros.

Por otra parte, el más reciente caso de las filtraciones de exámenes denunciadas por trabajadores del Servicio Vasco de Salud en la Oferta Pública de Empleo (OPE) realizada en 2018. Esta OPE se realizó bajo la dirección del consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpon (PNV), que presentó su dimisión en marzo debido a las presiones de sindicatos y miembros de su partido. Uno de los denunciantes de las filtraciones, el anestesista gallego Manoel Martínez, se mostraba así de contundente en una entrevista con la revista especializada Redacción Medica:

“Las filtraciones se conocen y se permiten desde siempre. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo habla de ello sin ningún rubor. Lo comentan facultativos y el resto de categorías profesionales. Cuando empecé a trabajar en el Hospital Alto Deba, me lo confirmó el personal. No es algo que se oculte, ni mucho menos. Es un sistema que ha funcionado así toda la vida y ni siquiera existe la percepción de que esté mal hecho”.

En cuanto a los conflictos laborales y la situación de los trabajadores se refiere, un informe publicado por el sindicato ELA el pasado 6 de marzo, en el que participaron 125 profesionales de distintas categorías y de 25 centros de salud diferentes, denuncia el proceso de precarización de la sanidad vasca y, sobre todo, la insostenible condición de la Atención Primaria: esperas de cuatro días de media para conseguir cita en los centros de salud, falta de personal para cubrir bajas, realización de funciones no correspondientes…

Los profesionales atienden una media de 35 pacientes diarios, a los que pueden dedicarles un máximo de diez minutos. Con una temporalidad del 38% en la plantilla, muchos de ellos se replantean trabajar en Osakidetza, sobre todo facultativos que acaban marchándose a la sanidad privada o al extranjero. Consecuencia de esta situación, los diferentes sindicatos médicos y plataformas de facultativos, se han unido para realizar el viernes 17 de abril la segunda jornada de huelga en la Atención Primaria Vasca.

A la situación en los centros de salud, se le suma la de los Servicios de Atención a Domicilio, actividad de gran importancia para los sectores más abandonados de la sociedad, que además supone uno de los grandes indicadores para medir la salud del llamado “Estado de Bienestar”.

En Bizkaia, las 1500 trabajadoras del servicio convocaron para la presente semana cinco jornadas de huelga, interpelando directamente al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos, en su mayoría gobernados por el PNV. Les acusan de dejadez absoluta, ya que mediante licitaciones subcontratan la prestación del servicio y miran para otro lado en lo que a las condiciones laborales se refiere. Además, denuncian llevar desde 2015 sin renovar el Convenio Colectivo, situación agravada, aún más si cabe, por una congelación salarial que se prolonga ya por más de siete años.

Queda por lo tanto demostrado que el PNV ejecuta las mismas políticas de destrucción de los servicios sociales públicos que tanto denuncia ante el Gobierno Central, y que, por mil veces que se repita una mentira, al contrario de la famosa cita de Göbbels, no siempre se convierte en una verdad.