Según informaba ayer la prensa local, el Govern de las Islas Baleares contará con el apoyo de Policía Nacional y Guardia Civil para escoltar a los funcionarios del IBAVI cuando expulsen a los “morosos sin justificación” o personas que “okupen” dichas propiedades.

El Govern insular, conformado por una coalición de izquierdas con el PSOE a la cabeza junto a Unidas Podemos y Mes, muestra estar decidido a recuperar el “control” de varias propiedades cuyos inquilinos no pagan la cuota, según consideran, de forma intencionada.

Más concretamente, esta medida es para dar apoyo a los desalojos en viviendas propiedad del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), una de las instituciones públicas que gestiona la oferta de vivienda social en el archipiélago, dirigida actualmente por Cristina Ballester.

En la región ya se dan, a día de hoy, algunos lanzamientos “conflictivos” con la actuación de las fuerzas de seguridad, dejando varias imágenes de presencia de la Guardia Civil o de la Policía Nacional en los desahucios de Baleares.

Con esta nueva colaboración, los agentes policiales se encargarían de escoltar a los funcionarios del IBAVI en esta ejecuciones “conflictivas”, tutelando y ayudándolos en las tareas de identificación de los moradores, acceso y lanzamiento de los ocupantes de la vivienda en los casos donde haya oposición al desalojo.

Además, la colaboración del Govern con los cuerpos policiales se extendería también al plano del intercambio de información para acabar de raíz con esa resistencia.

Aun así, desde la Conselleria d’Habitatge i Mobilitat defienden que “no se actuará sobre los inquilinos que no paguen porque se encuentran en situación de vulnerabilidad económica” según precisan desde la Conselleria.

El Govern, según las mismas fuentes, justifica su petición a las autoridades policiales por dos razones principales: primero porque consideran que hay “un elevado número de inquilinos que no paga el alquiler pese a que dispone de recursos económicos para hacerlo” y en segundo lugar y en el que más se enfocan es en la comprobación de “existencia de mafias que se dedican a la ‘okupación’ ilegal de pisos”, de entre los cuales algunos en propiedad del IBAVI.