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Fuente: El Plural

Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano y mano derecha de Francisco Camps, ha declarado el pasado miércoles 25 como testigo en el marco del caso de los papeles de Bárcenas y no solo ha apuntado a Camps, sino que ha señalado directamente a la sede de su partido, investigado por financiación ilegal a través de una caja B. Ha declarado que tanto los presidentes regionales como nacional del PP de controlaban las finanzas.

Costa ha explicado que su cargo tenía competencias políticas y de gestión de las cuentas, “pero por encima de mí estaba el presidente”, señalando directamente a Camps, ya investigado anteriormente por financiación ilegal, como en el caso Gürtel, y el pago de comisiones por la construcción de un circuito de Fórmula 1 en Valencia. Además, ha añadido que el gerente autonómico no dependía del partido regional, sino que lo elegían directamente en Génova y rendía cuentas ante el PP central. Por último, ha declarado que Camps guardaba sobres y dinero en efectivo para actos electorales en una caja fuerte de un despacho.

Otro episodio que ha relatado como testigo es un relato de hechos ocurridos en 2008, según el cual José María Mayor Oreja, expresidente de FCC (quien aparece en los papeles de Bárcenas) le entregó 150.000 euros en billetes de 500 para la financiación de campañas electorales (concretamente las generales) en 2008. Todos estos actos demuestran el ansia del PP por conseguir a toda costa un nivel de influencia que les permita llevarse su parte del pastel en las instituciones y tener contentos a quienes invierten en su partido.

Al final de su declaración, Costa ha denunciado ante el juez que está recibiendo amenazas anónimas desde que admitió la existencia de una contabilidad b y empezó a colaborar con la justicia. Amenazas consistentes en mensajes y llamadas de desconocidos contra él y su familia, que él sospecha que proceden de sectores empresariales, los cuales no quieren perder su influencia en partidos políticos o instituciones públicas, sin importarles lo que haya que hacer para conservarlas. Vemos así como el círculo político-empresarial español utiliza amenazas y chantajes para conseguir mantener sus privilegios sin importar a quién tengan que quitarse de en medio ni de qué manera.

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