El gobierno de Esperanza Aguirre firmó un convenio en 2006 con la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), entidad que serviría de “tapadera” para el traspaso de fondos públicos. A día de hoy, el convenio de gestión del centro sigue vigente, ya que se firmó por 15 años, con un presupuesto de 157 millones de euros.

Al parecer la financiación en B del PP fue encubierta a través de unas facturas “falsas”, con un valor de 160.000 euros, destinadas a la elaboración de unos informes sobre delincuencia juvenil que nunca aparecieron. Los informes fueron encargados a través de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor (ARMI); y la responsabilidad de la operación recae sobre el exconsejero de Justicia, Alfredo Padra, que autorizó en 2005 el convenio entre dicha empresa y GINSO.

Según parece, se han registrado movimientos similares en la Junta de Andalucía, por lo que el Partido Popular se podría haber estado financiando, de forma ilegal, a través de centros de menores y los recursos que estos necesitan para mantenerse en condiciones dignas.