Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, concretamente en el año 2016, el Ministerio de Justicia habría recibido hasta 800 mil euros destinados a pagar a los abogados de oficio que defendían a los acusados por el caso Gürtel. Cabe señalar que, muchos de los defendidos, no cumplían los requisitos para el acceso a justicia gratuita.

Con esto, uno de los mayores casos de corrupción protagonizado por el Partido Popular podría verse envuelto en otro delito de malversación de fondos. Por ello, Dolores Delgado, ministra de justicia del Gobierno se encontraría ante la recopilación de informes para denunciar el caso ante la Justicia si se observan ilegalidades penales.

Entre los acusados por la trama, y que fueron defendidos por estos juristas, encontraríamos al cabecilla, Francisco Correa; el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; y unas 11 sociedades que se vieron implicadas con el PP en este caso de corrupción y que ahora estarían siendo investigadas a través de averiguaciones internas que permitan conocer el expediente de validación de los pagos.

Dicha investigación interna estaría indagando en el acuerdo llevado a cabo entre el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que se firmó por Rafael Catalá (exministro de Justicia), con el que se aumentaron los fondos destinados a los abogados de oficio que en ese momento estaban llevando el juicio de la trama Gürtel. Además, la justificación para dicho convenio era que estos abogados no podían estar realizando otras labores ya que se requería que su dedicación fuera única para este caso.

Sin embargo, muchos de los acusados defendidos por estos letrados de oficio ni siquiera tenían derecho a la asistencia gratuita, ya que disponían de los medios económicos para hacerse cargo de su defensa.