El Partido Popular pretende impulsar una nueva ley que endurecerá las penas hacía las “okupaciones”. Esta propuesta de ley significaría para los ocupantes una pena de 1 a 3 años de prisión si se considera que se ha aplicado la violencia o la intimidación.

De no ser así, la pena ascendería de 6 a 18 meses, la cual podrá endurecerse si la ocupación supera los 15 días. Por el contrario, si los “okupantes” devuelven el inmueble a su propietario, podrían ver rebajada su pena de 30 a 90 días de trabajo comunitario o de dos a doce meses de multa.

Además, esta nueva legislación tiene como objetivo facilitar el desalojo de mano de las autoridades públicas en un plazo de entre 12 y 24 horas.
Esta propuesta de ley reprimiría a estos sujetos prohibiendoles ejercer cargos políticos o bien la inhabilitación de sus cargos si el ocupante trabaja como funcionario público.

También perseguiría a todo aquel que promueva o ayude, aún indirectamente, en dicha actividad. Por ejemplo dando consejos, directrices o bien informando sobre viviendas vacías en las que entrar. Todo esto, claro está, con la excusa de perseguir a las “mafias de la ocupación”.

Lo que nuestros políticos olvidan es que no todas las ocupaciones son producto de estas “mafias” y que se lleven a cabo por unos medios o por otros son siempre fruto de la necesidad. A pesar de que medios y políticos pretendan criminalizar esta práctica, sabemos que la realidad en los barrios es muy diferente.

No se trata de grupúsculos vandálicos marginales sino que, cada vez más, es una práctica desesperada adoptada por quien no le queda otra. No hace falta tener dos dedos de frente para escudriñar que la ocupación ilegal no es una vía fácil, tranquila ni segura de acceder a un hogar. Además, esta apuesta del PP ampliará las ya facilitadas condiciones para el desalojo (con la última modificación de enjuiciamiento Civil impulsada por el PDeCAT aprobada esta misma legislatura del PSOE). Con el objetivo de extender el conocido como “desahucio exprés”, un tipo de desalojo rápido y efectivo que hasta ahora solo era posible en propiedades de ONGs o fundaciones, particulares o de la administración. Con esta extensión este tipo de desalojo sería viable también con viviendas propiedad de empresas.
Esto quiere decir que bancos, fondos buitre y demás empresas tendrán aún más facilidades para desalojar y dejar desamparadas a las personas que ocupan sus propiedades. Además, estos desalojos exprés impiden una resistencia de mano de la solidaridad de los vecinos y organizaciones que luchan por este derecho.
Otro añadido es una modificación de la ley de propiedad horizontal, donde se permite que el propietario o el presidente de una comunidad puedan denunciar a las fuerzas policiales la existencia de actividades ilegales sin necesidad de avisar o negociar con el supuesto delincuente.

También apuesta porque las comunidades de propietarios recomienden adoptar medidas para evitar estas ocupaciones, como son tapiar ventanas o puertas si la vivienda se encuentra inhabitada y existe este supuesto riesgo de ocupación.

Para acabar de conducir esta ley, las personas que vivan ocupando no podrán empadronarse ni demostrar su residencia en estas direcciones, privandoles así de cualquier beneficio municipal.

Además, el PP pretende pedir una tramitación de urgencia para acortar estos plazos.

Es verdad que la ocupación es una problemática en nuestro país, pero esto es resultado de la especulacion sobre este bien básico. No es difícil encontrar en España familias trabajadoras con ingresos y niños a su cargo que se ven obligadas a ocupar por necesidad. Familias a las que se les niega una vivienda por la dificultad de adquirir una propiedad o de alquilarla.

Una parte considerable de la población en España, y cada vez más, gracias al trabajo temporal, mal remunerado y el paro forzoso, se ve obligada a “delinquir” para asegurar este derecho básico. La problemática no versa sobre evitar “ocupaciones”, sino sobre la imposibilidad de la población a acceder a una vivienda digna.