El último caso latente de precarización del sector lo hemos conocido por la situación que pasan los servicios de una de las entidades del sector de la asitencia, Eduvic, una cooperativa de iniciativa social. En la actualidad cuenta con unos 600 trabajadores, aunque según los datos de su portal de internet, no actualizados desde hace 5 años, son solo 170 profesionales. Aproximadamente la mitad de ellos trabajan en servicios de emergencia o acogida con menores extranjeros no acompañados.

El sector social se encarga de la gestión de servicios de atención a menores, mujeres maltratadas o familias, entre otros. Pero el desinterés de la Generalitat para gestionar el sector y destinar recursos, el papel de los sindicatos como CCOO y UGT, sumado a entidades que buscan el máximo beneficio y notoriedad frente a la administración gestionando servicios a cualquier precio y forma, dibujan un sector donde trabajadores y usuarios son los principales afectados.

Uno de estos centros, Nur, abrió sus puertas en la Esquerra Nova de l’Eixample en otoño del 2018 hasta mayo de este año cuando tuvieron que abandonar las instalaciones del antiguo instituto Viladomat, unos barracones, que fueron sacados rápidamente del lugar una vez trabajadores y menores habían marchado. “Aquí iba una zona verde antes de que vinieran los chicos. Nosotros teníamos trato con ellos y los educadores, venían a las actividades del barrio, pero de la noche a la mañana se fueron. De la zona verde no se acordaba nadie ya”, nos comenta una vecina que se para a observar el vacío que ha dejado el edificio desarmado en Consell de Cent.

Nur cambió hasta 4 veces en un mes de emplazamiento. Hemos pasado por un albergue, un hostel y dos hoteles, hasta llegar aquí a Calella”, nos comenta uno de los educadores a las puertas del hotel Marisol en Calella de Mar, que prefiere no darnos su nombre por miedo a represalias. “todo el trabajo de casi un año en Barcelona con los chicos se ha ido por el retrete, ¿qué podemos conseguir con estos chicos entre turistas en un hotel de mala muerte? Nada.” La empresa, Eduvic, les comunicó de un día para otro que se marchaban todos a Calella, menores y equipo educativo. “A los que no estaban dispuestos a ir a Calella o no podían porque tenían que tirarse dos horas y media en transporte, nos daban la opción de baja voluntaria e irnos a casa sin derecho a paro, al resto ya dejaron claro que no nos pagarían desplazamientos. Yo me gasto más de 150 euros al mes en transporte, de mi bolsillo”.

A partir de aquí, tal y como ha comunicado a La Raíz la sección sindical del Frente de Obreros en Lucha, esta se puso a trabajar para revertir la situación y frenar todas las irregularidades que estaba llevando a cabo Eduvic. Existe una demanda colectiva por incumplimiento en materia de movilidad geográfica por traslado, contratos en fraude de ley, retraso e impago de las nóminas, nocturnidad, desplazamientos, dietas y por coacciones a los trabajadores en toma de decisiones. “En cuanto empezamos a movernos, la empresa reculó y tiró hacia atrás la amenaza de negar el paro a los trabajadores que rescindieran contrato. Ahora toca pelear, y ganar el resto”, nos comenta el responsable del sector social en Cataluña del sindicato F.O.L. “Se han dedicado a llamar por teléfono a trabajadores de baja por ansiedad y presionarles para que decidieran si seguían o no en la empresa. Eso se llama coacción, no lo vamos a permitir”.

El futuro del sector social en Cataluña pasa por un cambio drástico en la política de la administración sobre la gestión y financiación del sector. Con un convenio congelado encima de la mesa de negociación, donde la patronal, la FEDAIA, se ha levantado ante la pasividad de CCOO y UGT que continúan queriendo poder decidir el futuro de los trabajadores del sector en despachos y negociaciones a puerta cerrada.