Las bajas por enfermedad entre el personal de los hospitales podrían poner en riesgo el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos, en una semana clave en la que se espera llegar al pico de contagios.

En total son 5.400 los profesionales médicos infectados, solo este lunes se sumaron 1.500 a la cifra. Trabajadores y expertos aseguran que este alto grado de contagio responde a la falta de equipos de protección. El Covid-19 se está cebando con los sanitarios españoles más que con los de ningún otro país, afectado, con una tasa del 12% del total de los infectados.

Representan casi cuatro puntos más que en Italia (8%) y triplican el porcentaje de China (4%). El pasado 19 de marzo una enfermera de 52 años de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, se convirtió en la primera víctima en España del coronavirus entre el personal sanitario.

La mortalidad del nuevo virus en personas jóvenes y sin patologías, responde a lo que se conoce en la terminología médica como “carga viral” y por la que los trabajadores en primera línea de los hospitales están más expuestos.

La carga viral se trata de una medida cuantitativa que permite establecer el número aproximado de copias del virus que hay en circulación en la sangre del individuo afectado. Cuanto mayor sea esta carga, más elevada es la capacidad de la persona de actuar como transmisor y, del mismo modo, más alta es la probabilidad de que la patología le provoque daños.

Organizaciones profesionales y sindicatos llevan desde principios de marzo urgiendo medidas para evitar contagios, desde el cierre de los comedores comunes hasta la restricción máxima de acceso a los hospitales con controles de temperatura en la entrada.

La semana pasada, trabajadores del Summa 112 de Madrid mostraron públicamente su indignación al inspeccionar los equipos de protección individual (Epis) que se les había proporcionado para desarrollar su trabajo con seguridad, entre otras quejas señalaron: batas rasgadas y carentes de cierres herméticos, guantes de tallajes pequeños y mascarillas sin certificados de calidad ni homologación de la Unión Europea.

Muchos están haciendo llegar sus quejas a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en lo que a la administración pública se refiere. Fuentes del sindicato afirman que están empezando a recibir consultas sobre las consecuencias legales de negarse a realizar determinadas funciones, motivadas por el miedo a la alta exposición al coronavirus que sufren los profesionales sanitarios.