El  Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta procesa a 16 guardia civiles por un presunto delito de homicidio imprudente a raíz de su actuación el pasado día 6 de febrero de 2014, en la conocida como “Tragedia del Tarajal”. 

Los guardias civiles imputados, a raíz de las imágenes de una cámara de seguridad situada en la alambrada fronteriza en las que se observa que utilizaron la fuerza para impedir la entrada de migrantes a nado, serían los presuntos responsables imprudentes de al menos catorce muertos entre estos migrantes. 

La titular del juzgado ha dictado en su auto el paso al procedimiento abreviado, lo que acerca a los  acusados a un probable juicio oral, imputados además por presuntos delitos de lesiones y prevaricación. Más concretamente, la situación actual de la causa es que se ha cerrado la fase de investigación, y se informa a las  acusaciones, que en este caso son, además del Ministerio Público, la Asociación Comité René Cassin, Sociedad Humana, Coordinadora de Barrios, Observatori de Drets Humans, Pro Derechos Humanos de España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, quienes deberán presentar sus escritos en un máximo de  diez días. 

Tras eso, finalmente la Fiscalía expresará su posición decidiendo ejercer o no la acusación, y eso determinará el rumbo del proceso, puesto que si decidiera no ejercer dicha acusación, la causa podría no llegar a juicio en aplicación de la denominada ‘doctrina Botín’.

Esta misma magistrada, en enero del 2017 y agosto de 2018 había dictaminado el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, ambos autos fueron rechazadas por la Audiencia Provincial, que entendió que, según informa Europa Press, “ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande como el que nos ocupa” se debía investigar profundamente y utilizar todos los medio posibles “de cara a agotar las diligencias indagatorias necesarias y así lograr llevar a cabo la investigación suficiente y eficaz que es requerida”. Así pues, como resultado, durante este año se han interrogado a dos testigos supervivientes de los hechos.

La primera, una mujer ubicada en Alemania, quien pudo declarar a través de una video conferencia que ella pudo llegar hasta la línea de costa, ayudada por un chaleco manufacturado con botellas de plástico, y que una vez se metió en el agua, varios migrantes le insistieron a que volviese a salir porque la Guardia Civil hacía barrera en la costa con una embarcación. 

El segundo testigo, otro migrate superviviente, ubicado en Madrid, declaró que en la madrugada de la citada fecha cientos de personas se arrojaron al mar para alcanzar la costa, donde aseguró,  recibieron el lanzamiento de “cartuchos rojos” y “botes de humo o gases” que sirvieron para desconcertarlos. También añadió que “dos embarcaciones” del Instituto Armado se arrojaron también al agua para impedir el avance de los migrantes. 

Debería también haber testificado un tercer superviviente y testigo localizado en Alemania quien no pudo declarar el pasado agosto, dados varios problemas técnicos, sin embargo la magistrada renunció hace varios días a volver a tomarle declaración.

Finalmente, por su parte, los abogados defensores de los guardias civiles dicen entender el sobreseimiento libre de la causa: “Los miembros de Guardia Civil cumplieron con su deber de impermeabilizar la frontera, y no puede considerarse esto como constitutivo de infracción criminal”, señalado así en sus escritos.