Sobre las 13:30 del 9 de abril un interno de la cárcel de Ocaña (Toledo) sufrió un desmayo y fue trasladado a la enfermería. En ese momento, 350 internos que se encontraban en el patio general empezaron a protestar contra la atención médica que reciben, quemando algunos de ellos cubos de basura.

Cuando el preso sufrió el desvanecimiento, en la cárcel solo se encontraba, al ser festivo, la enfermera de guardia. Al desplazarse a la prisión el médico penitenciario cesó la protesta, tras el diálogo de los funcionarios con 30 de los internos que se negaban a subir a sus celdas en modo de protesta.

El desvanecimiento ocurrió mientras el interno jugaba a fútbol, aquejado de epilepsia, al parecer no había tomado la medicación.

Durante la protesta en el patio, los internos se quejaban del trato que les dispensa uno de los miembros del equipo médico y de que no se hayan facilitado medidas de seguridad como mascarillas contra el coronavirus.

La escasez de personal sanitario en las prisiones es una realidad, ya que una tercera parte de las cerca de 500 plazas de médicos está sin cubrir. Además, no se ha realizado la contratación prometida de 40 médicos ni se han realizado los test para detectar contagios del COVID-19. Hasta el miércoles pasado se había contado la muerte de una reclusa y el contagio de 21 presos y 185 trabajadores.