Según el Juzgado, el proxeneta José García Adán descubierto por la Operación Carioca tenía sus negocios clandestinos bien atados con su ley del terror. De hecho, estaba protegido por representantes de todos los cuerpos policiales que recibían a cambio compensaciones en metálico y en especie. Así fue hasta 2009, cuando fue descubierto y ahora la instrucción ha llegado a su fin.

Investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llegado a cabo el primer análisis económico de un negocio de proxenetismo en el país. Este estudio saca a La Luz el dinero negro que a diario fluye  en un burdel de una ciudad pequeña frecuentando por empresarios que pagan en metálico para no dejar rastro en sus tarjetas de crédito. También destapa las artimañas del dueño para mantener sometidas a las víctimas de trata, a las que pone multas por estar enfermas o la duración de sus reglas. Las ganancias se metamorfosean presuntamente en ladrillo y automóviles para su blanqueo.

Se concluye que la red de José Manuel García Adan, a través de los clubes Queen’s y La Colina, obtuvo hasta 3,6 millones de ganancias. Y esto es sólo una parte del 0,35 del PIB que la prostitución acapara en España, el tercer país en el mundo de más consumo con más de 1.600 prostíbulos. 

En la organización de Adán, se aprovechaban de la situación de precariedad de mujeres jóvenes, en su mayoría latinoamericanas y sobre todo brasileñas. Más de medio centenar de víctimas componían las “cartas de degustación” que se ofrecían a clientes, en un horario laboral de entre 12 y 14 horas. 

Entre los métodos coactivos, encadenaban a las mujeres, además de la constante presencia de agentes uniformados y la amenaza por su situación irregular en España y las deudas contraídas con el jefe por préstamos, el viaje al país o multas al enfermar. 

Con sucesivos testaferros, a través de una inmobiliaria supuestamente creada como sociedad interpuesta, Adán alquiló los inmuebles donde estableció los burdeles. El más importante, el Queen’s, se encontraba en Lugo desde 2002. Los locales eran frecuentados por personas de elevado poder adquisitivo que incluso captaban a mujeres para organizar las llamadas fiestas blancas, de cocaína y sexo, donde trabajaban como camareras sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

Por cada uno de los tres primeros pases (media hora de sexo en la habitación)  la organización quedaba con 10 euros, más los 12 que cobraba diariamente a las mujeres en concepto de alojamiento, aunque no durmiesen en los prostíbulos. A esto se le sumarían las multas que les cobraban.

La noche de la Operación Carioca en los clubes había más de 12.000 euros, y en el domicilio del jefe 29.500, sumados a los 79.950 que guardaba en una caja de seguridad del BBVA. De los 3,6 millones de euros tan solo 128.807 fueron declarados en 2008 y 239.055 en 2009. 

En caso de tener el periodo menstrual las mujeres podían descansar tan solo de uno a tres días si demostraban que tenían la regla. Además, en caso de no trabajar eran multadas con sanciones de entre 20 y 60 euros, lo que condicionaba su voluntad y muchas veces decidían prostituirse a pesar de estar exhaustas o enfermas. Además, apenas salían de los clubes por temor a ser detenidas y expulsadas de España. 

Por todo ello los hechos que investiga la Carioca son tráfico de personas con fines de explotación sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores, tenencia ilícita de armas, delitos de aborto no consentido, amenazas, extorsión, agresión, abuso sexual, lesiones, tráfico de influencias, solicitud de favores sexuales por empleado público, prevaricación, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, negociación prohibida y delitos contra la hacienda pública y el blanqueo.