El Pazo de Meirás, en la actualidad propiedad de la familia Franco, pasará a ser patrimonio público, tal como han acordado PSOE y Podemos.

El gobierno se compromete, además, a realizar una auditoría de los bienes expoliados por el franquismo con el objetivo de devolverlos a sus legítimos titulares, entre otras medidas.

Son medidas incluidas en el pacto para el gobierno de coalición progresista que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han presentado este lunes en el Congreso de los Diputados.

Del mismo modo, el programa conjunto del futuro Gobierno se compromete a estudiar la retirada de las condecoraciones al ex policía franquista acusado de continuas torturas, Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y a anular las sentencias de los tribunales franquistas. El acuerdo no hace ninguna mención a dar justicia a las víctimas del franquismo ni a modificar la Ley de Amnistía.

El acuerdo apoyará también distintas iniciativas que, bien desde el PSOE o bien provenientes de la formación morada, habían defendido en los últimos tiempos: El Estado se hará cargo de las exhumaciones de víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes; se anularán las condenas y sentencias propugnadas por los tribunales franquistas, se declarará el 31 de octubre como día de recuerdo a las víctimas del franquismo (conmemorando la aprobación de la Constitución en el 78 y la votación de la Ley de Memoria Histórica en 2007) y el 8 de mayo como día de reconocimiento a las víctimas del exilio.

Cabe destacar que el acuerdo menciona la retirada de simbología franquista y la prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en espacios públicos. En este sentido, no hacen mención alguna a la posibilidad de establecer sanciones en caso de exaltación de la dictadura.

En el apartado “Nuevos derechos y memoria democrática”, el pacto incluye el compromiso de aprobar una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a la actual, conocida como “Ley Mordaza”, y que buscará priorizar la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía. La nueva norma regulará el derecho de reunión, la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes policiales.

De cualquier forma, el acuerdo PSOE-Podemos también deja algunas ausencias destacadas respecto al programa con el que concurrieron a las pasadas elecciones, o incluso a sus respectivas propuestas de reforma de la Ley de Memoria.

No recoge la propuesta de Unidas Podemos para modificar la Ley de Amnistía de 1977 y que ésta deje de ser un impedimento para llevar a los tribunales a los responsables de la dictadura que continúen con vida, tal y como determinó la ONU.

También han quedado fuera de este acuerdo la transformación del Valle de los Caídos en un espacio de Memoria Democrática, no hay mención alguna a la creación de una Comisión de la Verdad, de un banco público de ADN, de un censo nacional de víctimas o de acceso a los archivos estatales que se siguen cerrado.