A lo largo de 594 páginas, el informe realizado por la fundación de estudios sociológicos de Cáritas Española muestra un modelo de desigualdad cronificado y describe una salida de la crisis injusta y segregadora.

Un total de 8,5 millones de personas en España están en situación de exclusión social, un 18,4% de la población; 1,2 millones más que antes de la crisis. De ellos, más de cinco millones sufren situaciones de exclusión social severa y más de 1,8 millones forman el grupo con mayor necesidad de intervención urgente. Del mismo modo, 2,1 millones de personas viven con la incertidumbre de si se quedarán o no sin vivienda, un 4% de los hogares, conformándose un enquistamiento de la exclusión social y convirtiéndose la vivienda en causa clave para caer en ella.

El estudio identifica como problema de base la financiarización de la economía mundial, la cual ha facilitado la concentración de renta en cada vez menos manos. Señala también que la moneda única, tras suponer en inicio una ventaja para España, ha terminado generando un serio problema. Los precios internos han crecido más que los del resto de la eurozona, lo que careciendo de la posibilidad de devaluar, se ha traducido en una creciente pérdida de competitividad de los bienes y de los servicios españoles. El diseño institucional del Banco Central Europeo (BCE) ha representado otro obstáculo para una gestión adecuada de la recesión.

Los investigadores hablan de una nueva arquitectura social con un cambio cultural, en el que se pierden estructuras colectivas en pro del individualismo meritocrático. Se ha optado por el crecimiento económico como valor único e imprescindible para toda la construcción social.

Las políticas de ajuste para hacer frente a la crisis han tenido como prioridad la reducción de la deuda a costa de las prestaciones sociales, como se pudo observar con las reformas de la educación y la sanidad de abril de 2012. También es observable la incidencia en la precariedad del mercado de trabajo, acentuada con la reforma laboral de febrero de 2012, que fragiliza aún más la estructura social, a la vez que profundiza la dependencia de España respecto al núcleo económico-financiero dominante en la UE.

Este VIII Informe ha sido puesto a punto por un equipo de investigación formado por 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones de acción e investigación. El trabajo de campo se ha desarrollado con el apoyo de más de 350 encuestadores profesionales, que han llamado a más de 139 000 puertas de 17 Comunidades Autónomas, recogiendo la información de 29 000 personas de 11 600 hogares.