A día de hoy, el rescate bancario sigue costando dinero público, y seguirá haciéndolo durante los próximos años. Para este 2019 está previsto un impacto de 1.793 millones, y para 2020 otros 1.267 millones en compensar a BBVA y Banco Santander por las pérdidas tras las adquisición de las cajas de ahorros Unim y CAM en 2012.

Los datos de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) aparecen en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre los presupuestos para el 2020 publicado hace escasos días. La previsión de unos pagos por ELA de 1.267 millones en el 2020 eleva a 5.706 millones la factura entre 2017 y 2020.

El impacto del rescate bancario forma parte de las operaciones que Airef debe tener en cuenta a la hora de realizar estimaciones sobre el déficit de las administraciones. Los datos provienen de las previsiones de crecimiento y déficit que el Gobierno en funciones envió a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario para el próximo año.

En esas previsiones se prevé un crecimiento del PIB del 2,1% para 2019 y del 1,8% para el 2020. Aun así, el organismo también asume como probable un déficit público del 2,1% para este año y del 1,7% para el año siguiente en un escenario de “políticas constantes”. Esa reducción se debe a algunos gastos no recurrentes que no deberían volver a repetirse, como los relacionados con el rescate de las autopistas de peaje (120 millones de euros).

Respecto al texto del Gobierno entregado a la Comisión Europea, se ha constatado que incumple las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por riesgo de desviación significativa del déficit.

Además, en lugar de cumplir la exigencia de una reducción estructural del déficit público equivalente a 0,65% del PIB, es decir, casi 8.000 millones, esta es prácticamente nula. Y en vez de limitar el crecimiento del gasto al 0,6% en el 2019 y al 0,9% en el 2020, en el documento se recogen incrementos del 2,9% y del 3,6%.