El Govern de las Islas Baleares presentó el pasado día 16 un plan de vivienda compuesto por 25 medidas. Estas se pretenden aprobar mediante un decreto ley que permita tratar el grave problema de vivienda que se está viviendo en la comunidad, la cual tiene el precio de la vivienda más alto del país superando la media estatal en un 56%.

Algunas de las medidas, expuestas por Marc Pons (consejero de Movilidad y Vivienda), crearon discrepancias entre varios de los grupos que forman el gobierno progresista, en concreto, Podemos y Més. Por ello, se ha planteado la posibilidad de llevar a cabo reuniones entre los socios para debatir estas cuestiones.

El Plan, en lo relativo a los desahucios, establece que los grandes tenedores de viviendas se verán obligados a ofrecer un alquiler social, de un máximo del 30% de los ingresos, antes de poder llevar a cabo un proceso de desalojo. Además, el Govern tendrá preferencia de compra cuando el gran tenedor pretenda venderlo a otro gran tenedor o a sus fondos de inversión o sociedades inmobiliarias.

No obstante, otra medida propuesta por el Ejecutivo permitirá que se ceda suelo público a empresas privadas para que estas puedan construir viviendas y puedan explotarlas hasta 75 años hasta que pasen a manos públicas. Por otra parte, se permitirá a las cooperativas de vivienda protegida que puedan adjudicarse dichos pisos sin pasar por la lista de demandantes.

Cabe señalar que la vivienda protegida podrá acoger pisos con un tamaño menor, es decir, que tengan una superficie media de 60 metros cuadrados, lo cual implicaría reducir el tamaño respecto a la zona. Otra de las medidas es permitir que los colegios profesionales de arquitectos o aparejadores puedan llevar a cabo los informes de idoneidad de las nuevas promociones, lo cual eliminaría la carga de los Ayuntamientos.