El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas de UGT-A.

El juicio se celebra contra Francisco Fernández Sevilla, exsecretario general de la organización sindical, y otras 14 personas también implicadas por presuntos delitos de fraude de subvenciones estatales y por falsear un documento mercantil.

Se trata de una resolución en la que se concluye que “el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta a la organización sindical, en los cuales se ha tenido en cuenta la información documental necesaria, y podemos afirmar que la cifra asciende a 40.750.047,74 euros.”

Gracias a las alegaciones del instructor, sabemos que, entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”.