La mafia político-policial destapada con el “ caso Cursach” disponía de un servicio de espionaje llamado SIAP, que se dedicaba a controlar el negocio de la trata y la prostitución en las playas de Palma y S’Arenal.

Un grupo de siete policías integraba el servicio de espionaje encargado de elaborar una base de datos de las prostitutas y los sicarios rumanos que les hacían de proxenetas. Estos policías se encuentran en el centro de la mayor trama de corrupción política y policial que haya padecido Islas Baleares, al servicio de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de la mafia del empresario de la noche Bartolomé Cursach, quien extorsionaba y destruía a sus rivales con la ayuda de policía e instituciones.

Se denominó SIAP (Servicio de Información y Análisis Policial) y fue creada en el seno de la Policía Local de Palma a principios de 2012, bajo el gobierno local del PP que entonces dirigía José María Rodríguez. Tal como constataron los investigadores del caso Cursach, la creación de dicha unidad no respondía a otro interés más que el de disponer de un servicio de espionaje controlado por responsables policiales y políticos que constituyera un verdadero comando informativo. Así, obtenían información sensible, sin control alguno, que posteriormente se podría utilizar a su conveniencia, según el informe de la UDEF sobre el análisis de toda la documentación examinada a lo largo de la extensa instrucción policial.

El diario Público ha recopilado numerosos testimonios, documentos y otras pruebas materiales que demuestran que ese SIAP no solo se dedicó a espiar a políticos siguiendo instrucciones del entonces presidente del PP, sino que participó activamente en la trata de mujeres inmigrantes con fines de explotación sexual. Al fin y al cabo, la cúpula del Partido Popular celebraba reuniones con barra libre de sexo y drogas en los prostíbulos donde mandos de la Policía Local de Palma habían establecido sus verdaderas dependencias oficiales.​​