El Ministro del Interior del nuevo gobierno “socialista”, en un afán de limpiar su imagen, pretende “racionalizar la ley mordaza” para, según ellos, evitar la aparición de casos desproporcionados.

Los sindicatos policiales consideran esta medida como una mala noticia. Apelan a la integridad de los agentes de la ley, consideran que los cambios propuestos por el ejecutivo son ilegítimos y dificultarán la tarea policial. Con esta medida vuelve a florecer el carácter conservador de las fuerzas del estado, que parece ser, anhelan tener más poder represivo del que ya tienen.

En el comunicado conjunto de la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), se expresa el descontento de los representantes policiales por estos presuntos planes acerca de la ley que sirve, en principio, para protegerles.

Abogan que estas medidas son ilegítimas, que sólo es un intento de abolir la ley en la práctica porque como afirman no es tarea de Interior la modificación de esas leyes jurídicas “puesto que es el Tribunal Constitucional el encargado de someter a parámetros de idoneidad jurídica una norma sobre derechos fundamentales”.

Abogan que no han podido participar en la modificación de la ley como sí lo hicieron con su proyecto inicial. Según las fuerzas policiales, la apodada ley mordaza existe para proteger a los agentes, para impedir que se les extorsione por hacer su “labor”, como impedir que se difundan imágenes que luego sirvan para reconocerles a ellos o familiares.

La cuestión verdaderamente perturbadora es la defensa férrea de la policía, por un lado, ¿a quién temen si se supone que su labor es proteger a la ciudadanía?, y en segundo lugar, ¿dónde quedan los derechos fundamentales de los ciudadanos, violados por la Ley Mordaza?, ¿no tienen nada que decir al respecto?

A lo largo de estos años, dicha ley ha supuesto numerosas detenciones gratuitas de personas inmersas en el movimiento social y obrero en este país, denuncias y multas desorbitadas que pocos son capaces de pagar. Parece ser que cuando se trata de la ciudadanía a la que supuestamente defiende la policía, poco les importa a “nuestros agentes” la dureza y la peligrosidad de las leyes.